La Ley de Medidas Sanitarias contra el Tabaquismo, más conocida como "Ley Antitabaco" , faculta al empresario para prohibir que se fume en todas las instalaciones de su empresa sin excepción, incluso en los espacios al aire libre, asegura el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC).

La Sala de lo Social del TSJC ha aplicado este criterio al examinar una demanda presentada por UGT contra la decisión que tomó el 1 de enero de 2006 Plásticos Españoles SA (Aspla), cuando esta empresa con sede en Torrelavega prohibió fumar en todas sus instalaciones, incluidas sus amplias dependencias al aire libre.

Antes de la ley la empresa permitía fumar en determinados lugares y en espacios al aire libre

Hasta la entrada en vigor de la ley, Aspla permitía a sus 500 trabajadores fumar en lugares determinados y también en los espacios al aire libre que existen en el recinto de la empresa.

UGT consiguió una primera sentencia favorable del Juzgado de lo Social número 3 de Santander, que reconoció el derecho de la plantilla de Aspla a exigir a la empresa que delimitara unos lugares dentro de sus espacios al aire libre donde se pudiera fumar.

El Tribunal revoca la sentencia
Sin embargo, el TSJC revoca esa sentencia, porque entiende que la facultad que la Ley Antitabaco otorga al empresario para prohibir fumar en sus instalaciones más allá de lo que ya dispone por sí misma la propia normativa "no admite límites ni condiciones".

Esta sentencia del TSJC es, por el momento, firme

"Si el legislador hubiera querido decir que los lugares de prohibición debían ser consensuados, o que se exceptuara de la prohibición a fijar por el empresario algún supuesto, lo hubiere dicho; pero, al no hacerlo, los términos del precepto cuestionado no puede ser más precisos e inequívocos", asegura la Sala de lo Social.

El TSJC razona además que en el espíritu de la ley no sólo está proteger del humo al fumador pasivo, sino alentar al fumador a dejar el tabaco "no dándole facilidades para que fume".

Las normas del proceso social disponen que UGT sólo podrá impugnarla ante el Tribunal Supremo (TS) para pedir unificación de doctrina si aporta una sentencia de otro tribunal superior de justicia autonómico o del propio Supremo que, ante un supuesto análogo, falle lo contrario.

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