La Mesa y la Junta de Portavoces de las Corts Valencianes se reunirán el próximo lunes para convocar, el jueves 29 de agosto, la reunión de la Diputación Permanente del Parlamento autonómico, cuyo único punto del día será la convalidación del decreto del Consell para la reducción del déficit público y la lucha contra el fraude fiscal en la Comunitat, según han informado a Europa Press fuentes parlamentarias.

Así, sólo se incluirá en el orden del día de la Diputación Permanente el decreto del Consell, mientras que no se debatirán las peticiones de comparecencias del PSPV de los consellers de Gobernación y Justicia, Serafín Castellano, para que explique su relación con Taroncher, con Over Marketing y con Avialsa" y el de Sanidad, Manuel Llombart, para explicar la adjudicación a Reyval de los servicios de recogida de residuos de todos los hospitales.

Además, los socialistas solicitaron la comparecencia del presidente de las Corts, Juan Cotino, para explicar las donaciones al PP. El propio Cotino registró el pasado mes de julio una petición de comparecencia, pero en la Comisión de Estatuto de los Diputados, ante "las múltiples falsedades" que, según afirmó, se están vertiendo sobre su persona y para explicar su "comportamiento en relación con las cuentas del PP".

El decreto, aprobado por el Consell y publicado en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana a principios de agosto, establece la necesidad de "reducir en mayor medida" el actual nivel de déficit público de la Generalitat, con la finalidad de la consecución del objetivo fijado en este ámbito para la Comunitat en 2013 —1,6 por ciento del PIB—.

En este decreto ley, se incluyen diversas modificaciones en la Ley 13/1997, de 23 de diciembre, del tramo autonómico del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y restantes tributos cedidos, que afectan a la regulación autonómica de los impuestos sobre sucesiones y donaciones. Concretamente, se reduce del 99 al 75 por ciento la bonificación del Impuesto de Sucesiones y Donaciones.

El texto aprobado por el Gobierno valenciano y que tendrá que ser convalidado por las Corts también trata la adaptación de la normativa estatal y comunitaria de determinadas aspectos de la ordenación del juego.

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