Sniace registró unas pérdidas de 41,1 millones de euros en el primer semestre del año, multiplicando por más de siete el resultado negativo de 5,7 millones de euros que obtuvo en el mismo periodo de 2012, según ha anunciado la compañía a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

La empresa contabilizó un beneficio bruto de explotación (Ebitda) negativo de 27,9 millones de euros, frente al resultado, también negativo, de dos millones de euros del mismo periodo del ejercicio anterior.

La cifra de negocio de Sniace cayó un 47% entre enero y junio, hasta los 38 millones de euros, debido a los descensos de la facturación en un 79% y en un 46% en las áreas de fibrana y energía, hasta 4,8 y 15,8 millones de euros, respectivamente. Asimismo, el negocio de celulosa de Sniace recortó sus ventas en el primer semestre un 15%, hasta los 16,5 millones de euros.

La compañía ha señalado que el descenso de su cifra de negocio se explica por su decisión de suspender la producción de vapor y electricidad en una de sus turbinas de cogeneración con el objetivo de minimizar el impacto en su cuenta de resultados de la Ley de medidas fiscales para la sostenibilidad energética que aprobó el Gobierno el pasado mes de diciembre.

Dicha ley creó un impuesto sobre el valor de la producción de energía eléctrica y elevó el tipo impositivo de la producción del gas natural, el llamado 'céntimo verde', medidas ambas que, según calcula Sniace, tenían un impacto previsible en su cuenta de resultados de aproximadamente nueve millones de euros.

Al mismo tiempo, Sniace indica que como consecuencia de todo lo anterior se paralizó la producción de fibra viscosa, y a su vez la producción de celulosa se vio reducida un 40%.

Ere extinción

La compañía, actualmente inmersa en un ERE de extinción para toda la plantilla, ha afirmado además que hay otras circunstancias que, aunque no han afectado a la liquidez inmediata del Grupo, sí han supuesto un "fuerte descenso" de sus resultados.

Concretamente, Sniace menciona los importes que tendrá que afrontar en concepto de tributos medioambientales derivados de dos sentencias del Tribunal Supremo, y el fondo de comercio del segmento energético tras la reforma aprobada por el Ejecutivo el pasado mes de julio.