El Ministerio de Asuntos Exteriores ha insistido este lunes en que los controles que realizan las fuerzas de seguridad en la frontera con Gibraltar son "irrenunciables" porque son una "obligación" ya que la colonia británica no forma parte del espacio Schengen.

Así lo ha recalcado un portavoz de este Departamento, consultado por Europa Press, después de que el Gobierno británico anunciara este lunes que está "estudiando seriamente" la posibilidad de emprender acciones legales contra España por su decisión de mantener los controles exhaustivos en la Verja.

Tras esta advertencia, el Ministerio que dirige José Manuel García-Margallo ha insistido en que los registros que realizan las fuerzas de seguridad son "legales, proporcionales y aleatorios". El Gobierno, ha señalado este portavoz, está "obligado" a hacerlos porque Gibraltar no forma del espacio de libre circulación de personas.

Así se lo trasladó el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, al primer ministro británico, David Cameron, en la conversación telefónica que tuvieron la semana pasada por el contencioso con Gibraltar. Tras esta llamada, 'Downing Street' informó de que el jefe del Ejecutivo español se había comprometido a "rebajar" estos controles, algo que Moncloa ni Exteriores confirmaron.

Rajoy el viernes:

"podemos y debemos hacer controles"

El pasado viernes, en declaraciones a los periodistas tras reunirse con el Rey en el Palacio de Marivent, Rajoy aseguró que mientras no haya "acuerdo" se reserva "todas las medidas legales para defender los intereses de los ciudadanos españoles".

El presidente no concretó cuáles son estas medidas, más allá de que serán "proporcionales, aleatorias y que no discriminen a nadie" y que estarán "dentro de la ley" como ha ocurrido hasta ahora. "Podemos y debemos hacer controles", insistió.

Este lunes, después de que los controles hayan continuado durante el fin de semana, el Gobierno británico ha denunciado que son registros "totalmente desproporcionados" y con "motivos políticos". Según ha informado un portavoz, Cameron se ha sentido "contrariado" porque el Gobierno español no los ha rebajado pese a su petición expresa.