El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha declinado pronunciarse por las últimas novedades sobre la muerte del disidente cubano Oswaldo Payá en julio de 2012 y la nueva versión que ha ofrecido el español condenado en el proceso, Ángel Carromero. "No tengo nada que añadir sobre este asunto", se ha limitado a contestar.

Después de la entrevista de Carromero al diario 'El Mundo', cambiando su versión inicial y culpando a Cuba de la muerte de Payá, congresistas estadounidenses han pedido una nueva investigación sobre ese accidente de tráfico.

En España, el PSOE exigió al Gobierno que explique si da o no crédito a esta nueva versión, mientras que UPyD emplazó a Exteriores a ponerse en contacto con el militante de Nuevas Generaciones para recabar información. Izquierda Unida, por su parte, considera que el caso está cerrado y que no tiene sentido reabrirlo.

Tras su reunión con el Rey en el Palacio de Marivent, Rajoy ha sido preguntado por este caso y la conveniencia o no de reabrir la investigación, como piden desde Estados Unidos, pero ha declinado pronunciarse: "No tengo que añadir nada sobre ese asunto a lo que yo dije en su día", ha zanjado.

El gobierno no cuestionó el proceso judicial

En una respuesta parlamentaria del pasado otoño, el Ejecutivo daba por bueno el proceso judicial y no ponía peros a la actuación cubana: "El Gobierno viene prestando, dentro de las funciones consulares, ayuda y asistencia al ciudadano español —contestaba a IU—. Desde ese punto de vista, se han respetado por parte de las autoridades cubanas los derechos a la asistencia consular y los trámites de tipo administrativo y judicial se están desarrollando con normalidad".

Además, en estos días, el secretario cuarto de la Mesa del Congreso y diputado del PP que lleva más de diez años de activismo en apoyo de la disidencia cubana, Teófilo de Luis, ha afirmado a Europa Press que el Gobierno se limitó a cumplir las previsiones del tratado bilateral para traer de vuelta a Carromero y que es él o la familia de Payá quienes deben decidir si piden en las instancias judiciales españoles la revisión del proceso.