La Fiscalía Anticorrupción cree que hay razones para investigar si Luis Bárcenas pudo haber cobrado alguna cantidad derivada del proceso de adjudicación de la variante de Olleros de Alba (León), con el objeto de "cuantificar las eventuales cuotas tributarias" que podrían haber sido defraudadas por el extesorero del PP en relación con el ejercicio fiscal de 2003.

Así se señala en un escrito, al que ha tenido acceso Europa Press, en el que Anticorrupción impugna el recurso de apelación presentado por la defensa de Bárcenas contra un auto, de fecha del pasado 20 de junio, en el que el juez Ruz pide a la unidad del auxilio judicial de la AEAT que amplíe su informe referido a determinadas cuotas tributarias que pudieran haber sido defraudadas por Bárcenas.

En particular, el exsenador popular impugnaba la toma en consideración, a efectos de un posible fraude, de las cuantías que aparecían vinculadas a la adjudicación de la denominada "Variante de Olleros de Alba", así como la cuantificación de la cuota eventualmente defraudada.

Investigación por cohecho archivada

La posición de la Fiscalía es la de que se continúe investigando este asunto con independencia del sobreseimiento y archivo, en julio del pasado año, de la causa que investigaba el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL) por presuntos delitos prevaricación y cohecho contra el expresidente de las Cortes y exconsejero de Fomento, José Manuel Fernández Santiago.

En dicho procedimiento se acordó el archivo por la prescripción del delito de cohecho que se investigaba en contra del criterio de la Fiscalía, según recuerda Anticorrupción en este escrito, que tuvo entrada en el Juzgado Central de Instrucción número 5 el pasado lunes.

Consideró el TSJCyL que, si bien no podía tacharse de gratuita la relación de una concreta adjudicación con el reparto de cantidades entre distintas personas, en la operación no parecía haberse incurrido en irregularidades constitutivas de un delito de prevaricación.

Pese a este archivo, Anticorrupción defiende que la cuantía que, "de acuerdo con todos los indicios -tal y como expone el propio TSJ de Castilla y León- habría percibido Luis Bárcenas Gutiérrez pueda ser incorporada a la base imponible del eventual delito fiscal que podría haber cometido el imputado por el concepto de su IRPF de 2003".

Fiscalía entiende que no puede prosperar tampoco la alegación del recurrente de la improcedencia de liquidar las cuotas eventualmente defraudadas basada en la prescripción de los delitos fiscales que pudieran haberse cometido.

Antecedente de blanqueo

Y ello es "no sólo por la complejidad y conexidad de los numerosos delitos investigados en esta causa que impiden un pronunciamiento definitivo en esta fase procesal sino, fundamentalmente, por cuanto el delito fiscal puede ser considerado como antecedente del delito de blanqueo atribuido a Luis Bárcenas Gutiérrez", apunta el Ministerio Público en su escrito.

En su día el TSJCyL investigó los pagos realizados fechas comprendidas entre diciembre de 2002 y enero de 2003, de "una comisión vinculada a la adjudicación del 'proyecto de construcción de la Variante de Olleros de Alba', carretera C-626, de Cervera de Pisuerga a la Magdalena por Guardo, Trama de Olleros de Alba del punto kilométrico 4,100-8,600' a la mercantil Teconsa", una de las empresas investigadas en la trama "Gürtel".

Las investigaciones de la UDEF apuntaban un reparto de esa comisión entre distintas personas, entre las que se incluía José Manuel Fernández Santiago, que entonces desempeñaba el cargo de consejero de Fomento de la Junta de Castilla y León, a quien se atribuía asimismo haber recibido 18.000 euros el 23 de abril de 2002 "por motivos que se desconocen".