Sancionada con 10.000? una ciudadana extranjera por la simulación de contratos laborales para reagrupación familiar

La Delegación del Gobierno en La Rioja ha procedido a sancionar a una ciudadana, de nacionalidad pakistaní, con la cuantía de 10.001 euros por la infracción muy grave del artículo 54.1F) de la Ley Orgánica 4/2000 (sobre los derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social) que sanciona la simulación en la relación laboral para obtener permisos de trabajo, y consecuentemente, cobro de indemnizaciones y otros supuestos de fraude, en este caso, con el objetivo de obtener la reagrupación familiar.
Delegación del Gobierno de La Rioja
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EUROPA PRESS
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La Delegación del Gobierno en La Rioja ha procedido a sancionar a una ciudadana, de nacionalidad pakistaní, con la cuantía de 10.001 euros por la infracción muy grave del artículo 54.1F) de la Ley Orgánica 4/2000 (sobre los derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social) que sanciona la simulación en la relación laboral para obtener permisos de trabajo, y consecuentemente, cobro de indemnizaciones y otros supuestos de fraude, en este caso, con el objetivo de obtener la reagrupación familiar.

En un comunicado, la Delegación del Gobierno ha indicado que las investigaciones se iniciaron como parte Plan de Acción de Control de Empresas Ficticias, es decir, empresas que carecen de una actividad real porque son creadas con el fin de simular ante las Autoridades Laborales unas relaciones laborales inexistentes, y facilitar así el acceso a los supuestos trabajadores a las prestaciones de la Seguridad Social, autorización para trabajar o reagrupación familiar, cobro de indemnizaciones y otros supuestos de fraude.

Fue entonces cuando la Inspección Provincial de Trabajo en La Rioja comprobó que la ciudadana extranjera, ya sancionada, estaba dada de alta en un locutorio, y al mismo tiempo, en una empresa constructora, calificada como ficticia.

Simulación contractual

Tras la realización de visitas a dicho locutorio y comparecencias de la investigada y del marido de la empresaria titular del negocio, y solicitudes de informe sobre las autorizaciones de trabajo y residencia de los que disponía la "supuesta" trabajadora, se constata la existencia de una simulación contractual laboral entre la ciudadana pakistaní y el locutorio, por varios motivos:

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En ningún momento la ciudadana extranjera llegó a prestar algún tipo de servicio en el locutorio.

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La propia interesada negó en sus comparecencias trabajar o haber trabajado en España, incluso habiendo estado dado de alta en otra empresa, constatada ya como ficticia.

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Curiosamente, tras la visita de la Inspección, la trabajadora se dio de baja voluntaria.

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Escaso dominio del idioma castellano de la contratada que le imposibilita en la práctica realizar un trabajo que le obligue a entenderse. Sin embargo, el marido de la empresaria, manifestó que la actividad desarrollada por la pakistaní era la atención de los clientes tras el mostrador, tarea que difícilmente podía desempeñar.

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La empresa no explicó coherentemente las razones de la contratación de la trabajadora, ni el motivo de su baja, cuando precisamente la titular se encontraba fuera de España.

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El marido de la empresaria reconoció la existencia de una relación previa con la interesada (esposa de un antiguo compañero) y ser conocedor de sus circunstancias personales, como 4 hijos en España y otros 3 todavía en Pakistán.

Por todo ello, la Inspección Provincial de Trabajo detectó el acuerdo de simulación contractual entre la empresaria y la ciudadana pakistaní para facilitarle a esta última un contrato de trabajo, un alta en el Régimen General de la Seguridad Social y una nómina (de ingresos económicos mensuales como mínimo del 500 por ciento del IPREM) para que acreditase ante la Oficina de Extranjería disponer de los recursos económicos necesarios para obtener la autorización de reagrupación de 3 de sus hijos, pero sin que existiera una efectiva prestación de ningún servicio.

La investigación se ha llevado a cabo gracias a la colaboración y coordinación de la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social de La Rioja, la Tesorería General de la Seguridad Social, la Oficina de Extranjería de la Delegación del Gobierno en La Rioja y Policía Nacional de La Rioja.

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