CC.OO y UGT alertan de "graves consecuencias" para 5 empresas cántabras por cambios sobre interrumpibilidad energética

Representantes sindicales de Sidenor, Global Steel Wire, Solvay, Ferroatlántica y Cementos Alfa, harán "frente común"
Reunión de representantes sindicales de las cinco empresas afectadas
Reunión de representantes sindicales de las cinco empresas afectadas
CC.OO
Reunión de representantes sindicales de las cinco empresas afectadas

CC.OO y UGT han advertido de las "graves consecuencias" que tendrá en la economía regional la nueva regulación del servicio de interrumpibilidad energético que plantea en su borrador el Ministerio de Industria, Energía y Turismo por su afección a cinco empresas de la región que suman 2.000 trabajadores.

En un comunicado conjunto de CC.OO. y UGT, han señalado que Gerdau Sidenor, Global Steel Wire, Solvay, Ferroatlántica y Cementos Alfa serán cinco de las más de 140 empresas que en España se verán afectadas por la nueva regulación del sistema energético, que —advierten— repercutirá "negativamente" en la economía regional.

Tomarán "todas las medidas necesarias para anularla"

Representantes de las secciones sindicales y de las federaciones de estas cinco empresas cántabras afectadas por la orden por la que se regula el mecanismo competitivo de asignación del servicio de gestión de la demanda de interrumpibilidad para consumidores que adquieren su energía en el mercado de producción han mantenido este martes una reunión para coordinarse y hacer un "frente común" ante esta decisión.

De hecho, han anunciado de que, si esta orden sale adelante, "tomarán todas las medidas necesarias para anularla".

Han subrayado que el Ministerio de Industria ha presentado "modificaciones sustanciales" sobre la interrumpibilidad energética en un borrador que en estos momentos se encuentra en periodo de alegaciones y que, presumiblemente, se aprobará en septiembre.

Según han argumentado, además de afectar directamente a 2.000 puestos de trabajo, ha asegurado que de forma indirecta, serían más de 6.000 las personas "perjudicadas" por esta decisión.

A su juicio, si esta nueva orden sale adelante, puede tener "pésimas consecuencias", tanto para las empresas como para los trabajadores.

Han advertido de que éstos verán modificadas sus condiciones laborales y económicas y que las empresas "perderán competitividad a nivel europeo".

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