El pleno del Parlamento de Navarra ha aprobado este martes, con los votos en contra de UPN y PPN, la proposición de ley presentada por grupos de la oposición para paralizar los despidos en las empresas públicas.

Con esta norma, que ha sido tramitada en lectura única, los grupos parlamentarios de PSN, Bildu, Aralar-NaBai, Izquierda-Ezkerra y Geroa Bai establecen que el Parlamento de Navarra tenga que autorizar cualquier expediente de regulación de empleo en la Corporación Pública Empresarial de Navarra (CPEN).

En concreto, la proposición plantea que requerirán autorización previa del Parlamento "los expedientes de regulación de empleo y los planes de reestructuración de plantillas que afecten a más del diez por ciento de los empleados de una sociedad pública".

Asimismo, el Legislativo tendrá que dar autorización a "la transmisión o enajenación de las participaciones en las sociedades públicas a personas distintas de las que forman la Corporación Pública Empresarial o de la Administración". También deberá autorizar la Cámara las operaciones de "fusión, escisión, transformación, disolución, liquidación y cualquier otra operación de reestructuración".

La proposición de ley añade una disposición transitoria que señala que las operaciones de este tipo que se hayan "adoptado o iniciado desde el 1 de enero de 2013, que no hayan sido llevadas a cabo por completo, requerirán en todo caso ser sometidas a autorización del Parlamento de Navarra".

Este último punto ha sido modificado a través de una enmienda in voce aprobada por los grupos proponentes, con la que querían "solucionar" el tema de la retroactividad. El PPN, por su parte, también ha presentado cuatro enmiendas al texto, que han sido rechazadas.

Barcina pide que se retire

En nombre del Gobierno de Navarra ha intervenido en el debate de la propuesta su presidenta, Yolanda Barcina, quien ha mostrado la "absoluta disconformidad" del Ejecutivo foral respecto a esta proposición de ley, que ha advertido de que, tal y como han señalado diversos informes jurídicos, tiene "visos de inconstitucionalidad".

Se ha referido a la enmienda in voce que han presentado los grupos de la oposición tras "caer en la cuenta de que el Parlamento no puede alterar decisiones ya tomadas por los Consejos de Administración de las empresas públicas" y de que "la retroactividad de esta norma hubiera sido claramente inconstitucional", pero ha subrayado que "la retroactividad no es el único error de fondo y de forma que contiene la propuesta".

Por ello, Barcina ha apelado a la "responsabilidad" de los grupos y ha pedido a PSN, Bildu, Aralar-NaBai, I-E y Geroa Bai que "retiren" la proposición de ley en virtud de "los informes jurídicos de diversas instituciones que advierten de forma clara y reiterada sobre la inseguridad jurídica e incertidumbre que puede generar la norma".

En su opinión, la oposición "esta tomando un camino muy peligroso legislando de antemano, atentando contra la separación de poderes y contra las bases del ordenamiento jurídico sobre las que se asientan la Comunidad foral" y ha incidido en que con esta propuesta "se quiebran las más elementales reglas del reparto del poder".

"La única decisión correcta y responsable es la retirada de esta preposición, porque contiene errores que no se solucionan con la enmienda in voce", ha remarcado Barcina, para hacer hincapié en la idea de que la norma "sigue siendo inconstitucional y genera una gran incertidumbre e inseguridad jurídica".

En su discurso, la presidenta navarra también ha defendido la segunda reestructuración de la Corporación Pública Empresarial impulsada por su Ejecutivo y ha asegurado que ésta "garantiza la sostenibilidad de las empresas públicas y el mantenimiento del mayor número de puestos de trabajo".

Debate de los grupos

Las palabras de la presidenta del Gobierno han sido cuestionadas por los portavoces de los grupos proponentes de la iniciativa. Así, el socialista Samuel Caro ha reprochado a Barcina que "quien ha generado incertidumbre en la comunidad es ella" y ha defendido que con la propuesta lo que buscan es "defender los derechos de los trabajadores sobre los que el Gobierno quiere cargar todo el peso de la segunda reestructuración, derivada de una gestión irresponsable y negativa".

Ha advertido a la presidenta que "tendrá que aplicar la ley y si no, prevaricará" y ha acusado a UPN de "haber sido los responsables de llevar a la quiebra al sector público". "No están pagando los platos rotos los directores generales que nos han llevado hasta aquí, sino los trabajadores", ha zanjado.

Por su parte, el parlamentario de Bildu Maiorga Ramírez ha criticado que Barcina y su Ejecutivo "no quieran asumir su responsabilidad" en la situación del sector público, a pesar de que "han generado unos pufos a base de chanchullos que han llevado a esta situación".

Por todo esto, ha pedido a Barcina que "asuma su responsabilidad" y le ha advertido de que "el régimen de UPN en Navarra se ha terminado", ya que, según ha dicho, es "evidente que la Comunidad foral ha sido llevada al desastre económico y social más absoluto".

En términos similares se ha pronunciado el parlamentario de Aralar-NaBai Patxi Zabaleta, quien también ha criticado "la inadecuada gestión del Gobierno de Navarra" en relación a las empresas públicas, lo que, según ha dicho, ha llevado a la oposición a "tener que subsanar los errores del Ejecutivo y cambiar el rumbo".

Ha calificado de "altamente preocupante la situación de las empresas públicas" y ha atribuido "la responsabilidad de esta situación al Gobierno actual de UPN y a los gobiernos anteriores". En su opinión, en la norma "no hay ninguna inconstitucional, ni rareza, ni invasión de las competencias".

Por parte de Izquierda-Ezkerra, José Miguel Nuin ha criticado que "el Gobierno de Navarra y su minoría parlamentaria están empeñados en desmantelar las empresas públicas" y ha defendido que "la responsabilidad de los grupos es presentar esta ley foral que hoy vamos a aprobar".

El portavoz de I-E ha pedido que "se retiren los despidos y los ERE" de las sociedades públicas y ha reclamado al Gobierno que "cumpla con los acuerdos del Parlamento y con las leyes forales que aprobemos".

El parlamentario de Geroa Bai Manu Ayerdi, por su parte, también ha cuestionado las políticas impulsadas por el Gobierno de Navarra en las empresas públicas y ha pedido que "se retiren los despidos en Ganasa". "El Gobierno nos ha forzado a traer una medida como la de hoy", ha sentenciado.

PPN,

En contra

Por el contrario, la parlamentaria del PPN Ana Beltrán ha arremetido contra el resto de grupos de la oposición, a quienes ha pedido que retiren la propuesta, y ha lamentado que "pretendan aprobar una ley irregular, arbitraria e injusta y sobre la que pesa una clara advertencia de inconstitucionalidad".

Ha criticado, además, que en la propuesta existe "cierta dosis de incoherencia e hipocresía que debería producir sonrojo a algunos de los proponentes" de la norma, ya que miembros de sus partidos "forman parte de la CPEN". A su juicio, la reorganización de las empresas públicas es "inevitable y obligatoria".