La venta de una vivienda protegida para alquiler no requiere permiso de la CC AA

  • El Tribunal Constitucional lo ha avalado en una sentencia.
  • Entiende que el Estado intenta evitar los obstáculos que resultan de la diversidad de condiciones impuestas por 17 Comunidades Autónomas.
  • La Comunidad de Madrid había planteado un conflicto de competencias.
Viviendas protegidas (VPO) en la localidad cántabra de La Albericia.
Viviendas protegidas (VPO) en la localidad cántabra de La Albericia.
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El Tribunal Constitucional (TC) ha avalado que la venta de viviendas protegidas para alquiler no precise de autorización de las Comunidades Autónomas tras resolver un conflicto positivo de competencia planteado por la Comunidad de Madrid.

En su sentencia, el Constitucional rechaza el conflicto positivo de competencia promovido por Madrid respecto del Real Decreto 14/2008, de 11 de enero, por el que se modifica el Real Decreto 801/2005, de 1 de julio, que aprueba el plan estatal 2005-2008 para favorecer el acceso de los ciudadanos a la vivienda.

La redacción originaria obligaba a obtener la previa autorización en las condiciones fijadas por la Comunidad Autónoma o ciudad con estatuto de autonomía. Pero la modificación del Decreto eximió de esta autorización, algo de lo que se opuso el Gobierno regional al contar con competencia exclusiva en materia de vivienda.

Según el tribunal, "el plan estatal 2005-2008, destinado al fomento del alquiler en los términos indicados, está estrechamente vinculado a la política económica general".

A juicio del Constitucional, la previsión impugnada modifica el régimen de intervención administrativa en línea con "la normativa europea y la nacional de trasposición, que tienden a privilegiar las declaraciones responsables o comunicaciones previas frente al sistema clásico de autorización; pretenden con ello facilitar actividades privadas sin renunciar a los necesarios controles administrativos de legalidad".

De este modo, recalca que "el Estado ha ejercido así sus competencias normativas en esta materia en un determinado sentido: mejorar su funcionalidad, evitando los obstáculos que resultan de la diversidad de posibles condiciones impuestas por diecisiete Comunidades Autónomas y dos ciudades con estatuto de autonomía; así como sustituir la autorización por la notificación previa".

Añade que "la regulación estatal deja un margen para que las Comunidades Autónomas desarrollen el control y la gestión de la enajenación de vivienda protegida para alquiler".

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