El Defensor del Pueblo se ha comprometido a permanecer "atento a los trabajos" que realice la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria de la Unión Europea en lo que se refiere al 'fracking' y "velará en cada caso concreto" para que cuando se utilice esta práctica las autoridades competentes "extremen el celo en el cumplimiento de las normas de protección ambiental y de participación ciudadana en la aprobación de los correspondientes proyectos".

Esta institución responde así a la queja presentada el pasado 18 de julio desde los servicios jurídicos de la Organización Agraria UGAM-COAG, en relación con el permiso de fractura hidráulica en la zona de Luena, en la que advierte sobre las posibles afecciones que puede tener el 'fracking' en espacios protegidos.

A este respecto, el Defensor del Pueblo señala que en otro supuesto de autorización de investigación de hidrocarburos, denominado "Proyecto Cronos" en las provincias de Guadalajara y Soria, y que afecta por tanto a dos comunidades autónomas (Castilla y León y Castilla La Mancha), se ha recibido una queja de una asociación ecologista, en atención a la cual la se ha solicitado información al Ministerio de Industria, Energía y Turismo sobre varias particularidades del proyecto y sobre las concretas medidas adoptadas en el procedimiento de otorgamiento de este permiso para respetar las previsiones de la resolución aprobada por el Parlamento Europeo en noviembre de 2012.

La información que al respecto facilite la Administración será "debidamente estudiada, al efecto de valorar la realización de otras actuaciones en relación con la autorización de esta práctica extractiva", añade la institución en su respuesta a UGAM-COAG, firmada por el adjunto primero de la Defensora del Pueblo, Francisco Fernández Marugán, y recogida por Europa Press.

La citada resolución del Parlamento Europeo insta a la Comisión a evaluar el marco regulador e incluso a proponer medidas legislativas si fuera necesario. Asimismo, insta a los Estados miembros a que apliquen todas las disposiciones legales vigentes para reducir los riesgos de la extracción de gas y reconoce la importancia de la evaluación de impacto ambiental de esta práctica, por lo que pide la inclusión de proyectos que incluyan la fractura hidráulica en el Anexo I de la Directiva de evaluación de impacto ambiental.

Asimismo, insta a los Estados miembros a que garanticen la máxima información y transparencia sobre los permisos de exploración y explotación.