El Gobierno murciano ha acordado iniciar los trámites legales oportunos para interponer un recurso de inconstitucionalidad contra al Real Decreto-Ley 9/2013, de 12 de julio, por el que se adoptan medidas urgentes para garantizar la estabilidad financiera del sistema eléctrico, para defender los intereses de los "miles de inversores a los que afectará esta nueva regulación".

Se trata de un cambio del marco normativo que, en su momento, dio pie a la construcción de más de 60.000 instalaciones fotovoltaicas en toda España, 7.000 de ellas en la Región de Murcia, por parte de agricultores y ganaderos que habían depositado sus ahorros y sus expectativas de jubilación en las rentas que generarían estas instalaciones, según calculan los sectores de energías renovables.

El presidente del Gobierno murciano, Ramón Luis Valcárcel, ha comunicado la tramitación de este recurso de inconstitucionalidad a los responsables de los sectores afectados con los que ha mantenido un encuentro. Precisamente, esta semana el jefe del Ejecutivo regional abordó esta cuestión con el ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria.

En esta ocasión, Valcárcel se ha reunido con el presidente de la Asociación Nacional de Productores e Inversores de Energías Renovables (Anpier), Miguel Ángel Martínez-Aroca; el presidente de la Asociación Empresarial de Energías Renovables y Ahorro Energético de la Región de Murcia, Juan Toledo; el presidente de la Federación de Cooperativas Agrarias de la Región de Murcia (FECOAM), Santiago Martínez; y el presidente de COAG-IR de la Región, Miguel Padilla.

Cada agricultor o ganadero invirtió una media de entre 90.000 y 150.000 euros para construir las instalaciones, según Padilla, quien calcula que el 96 por ciento de las inversiones están financiadas por cajas o gastos. De esta manera, en la Región de Murcia hay 3.000 agricultores y ganaderos que "están en una situación muy difícil" y no podrían atender los pagos de los créditos suscritos, lo que daría lugar a desahucios.

Repercusión a nivel nacional

Martínez ha calculado que hay 50.000 expedientes de instalaciones fotovoltaicas abiertos a nivel nacional, lo que representa a 50.000 familias que, a una media de cuatro miembros, representan a 200.000 personas. A ellos abría que sumar las 820 cooperativas implicadas en todo el país y que representan unas 240.000 personas en total.

En este sentido, Martínez-Aroca, en nombre de los productores fotovoltaicos de toda España, ha agradecido al Gobierno murciano y a Valcárcel "el apoyo incondicional que nuevamente ha mostrado, por encima de partidos políticos, a favor de un sector que es el permanente perjudicado de un Gobierno, tanto de izquierdas como de derechas", ya que el Gobierno murciano presentó otro recurso de inconstitucionalidad en 2011 contra la reforma planteada por el Gobierno socialista.

Ha criticado que, con la reforma energética, "solo ganan las grandes empresas eléctricas del país, y vuelven a perder los consumidores y las empresas de energía renovable". En concreto, Toledo ha advertido que, probablemente, la factura eléctrica va a subir "más de un 40 por ciento a partir del mes que viene", lo que afectará "a la competitividad del país".

Por su parte, las empresas de energía renovables salen perdiendo porque "el Gobierno le cambia las reglas del juego por quinta vez consecutiva en los últimos dos años, siempre a peor". Esta vez, asevera, se ha cruzado una "línea roja" al derogar "todo el marco normativo".

Por tanto, los empresarios del sector "se quedan sin la ley sobre la que invirtieron todos sus ahorros, y sobre la que garantizaron u avalaron todo su patrimonio". La norma se cambia por otra que deja a los empresarios "sin saber qué respalda nuestra inversión".

Asimismo, reprocha que la reforma genera "una profunda insolidaridad entre los parques solares situados en el sur de España y los del norte del país". Y es que el objetivo del Ministerio es "igualar la rentabilidad que el sol da a las inversiones realizadas a la fotovoltaica independientemente de donde estén, limitando la producción del sur".

Además, Martínez-Aroca ha arremetido contra la "inseguridad jurídica" que genera la reforma, y el "daño a la imagen que van a hacer al país, con estos cambios normativos pendientes, uno tras otro".

Lo más grave, a su juicio, es que esta reforma no va a l fondo del problema, y es que la Comisión Europea hizo un informe en mayo de 2012 en el que determinaba que el déficit de tarifa en España "lo han creado únicamente las compañías eléctricas por haber percibido compensaciones excesivas durante año, generando energía nuclear e hidráulica".

En vez a aplicar medidas a este "oligopolio eléctrico", el Gobierno central "no ha tenido valor y ha decidido volver a subir la factura eléctrica y a recortar por quinta vez a las empresas que han invertido en energías renovables".

Principios constitucionales afectados

Por todo ello, el presidente Valcárcel ha anunciado que va a iniciar una ofensiva en la Unión Europea, con reuniones con comisarios europeos, para abordar y trasladar su preocupación por la situación que atraviesa este sector.

De igual manera, el jefe del Ejecutivo también les ha adelantado que otras regiones afectadas por esta nueva normativa también se podrían sumar en breve a esta iniciativa del Gobierno murciano y plantear recursos de inconstitucionalidad, tal y como ya lo hicieron en ocasiones anteriores. En concreto, podrían sumarse Valencia, Extremadura, Andalucía y Cataluña.

Al término de la reunión, el consejero de Industria, Empresa e Innovación, José Ballesta, explicó que la interposición del recurso de inconstitucionalidad, cuya tramitación se inicia este viernes, está fundamentado jurídicamente en el informe técnico que la Consejería ha realizado, y en el que se señala la posible vulneración de diferentes principios constitucionales en la regulación de dicho Real Decreto-Ley.

Según dicho informe, la nueva norma estaría modificando el marco jurídico en el que se han llevado a cabo las inversiones en instalaciones para la producción eléctrica mediante energías renovables, alterando con carácter retroactivo las reglas de juego que otorgaban estabilidad y retorno a las inversiones realizadas en renovables.

En concreto, la nueva norma atenta contra cuatro principios constitucionales fundamentales como son la irretroactividad de las normas, la igualdad, la seguridad jurídica y la confianza legitima en las instituciones.

Respecto la seguridad jurídica y la protección de la confianza legítima en las instituciones, el informe señala que "las reglas del juego no se pueden modificar, una vez fijado un escenario para el sector y después de que los pequeños, medianos y grandes inversores hayan llevado a cabo su inversión en base a la regulación imperante en el mismo.

"Su modificación arbitraria vendría a quebrar en este momento los principios de seguridad jurídica y confianza legítima que proclama nuestro ordenamiento jurídico básico", añade Ballesta.

El Gobierno regional también fundamenta el recurso en base a la "no discriminación e interdicción de la arbitrariedad", al considerar que esta norma perjudica a la producción eléctrica mediante renovables, residuos y cogeneración, en relación con el resto del sistema de producción de energía eléctrica, y atenta por tanto contra el principio de igualdad.

Finalmente, y respecto a la irretroactividad de esta norma, el informe defiende la necesidad de una regulación transitoria, estableciendo que "unas disposiciones normativas como las aquí modificadas, que afectan a condiciones básicas de amortización de instalaciones existentes, deberían haberse cerrado con una serie de disposiciones transitorias" con el fin de facilitar el paso de un régimen retributivo a otro diferente.