El Gobierno de Cantabria espera aprobar en esta legislatura los planes generales de ordenación urbana (PGOU) de 20 ayuntamientos, entre ellos los de seis de los diez municipios más grandes -el de Santander, ya aprobado, más Corrales, Laredo, Santoña, Piélagos y Santa Cruz Bezana-, además de dar un "impulso decidido" a los PGOU de Torrelavega, Camargo y Castro Urdiales para dejarlos "muy encauzados" de cara a la próxima legislatura.

Así lo ha señalado este viernes en rueda de prensa el consejero Javier Fernández, quien en su balance de los dos años de gestión de su departamento en el área de Ordenación del Territorio y Urbanismo, ha destacado que a los seis planes generales aprobados en lo que va de legislatura, se sumarán otros 12 en el plazo de un año, entre los que ha citado "a finales de 2013 o principios de 2014" los de Cabezón de la Sal, Polanco, Laredo, Alfoz de Lloredo, Corrales, Cieza y San Vicente de la Barquera.

Según ha dicho, hay un total de 50 planes en tramitación y se han aprobado más de 40 catálogos de edificaciones en suelo rústico. Para Fernández, estos datos dan idea "del cambio tan enorme" que ha experimentado el urbanismo de Cantabria, cuyos problemas están "resueltos o en vías de solución", ha asegurado. De hecho, ha estimado que en dos legislaturas "quedará definitivamente resuelto el planeamiento".

Además, ha destacado que el problema de las viviendas con sentencia de derribo está "perfectamente encauzado y en vías de solución" en un horizonte de un año, gracias al impulso que se ha dado a los PGOUs de los ayuntamientos afectados y a la reciente aprobación de la Ley de Autorizaciones Provisionales.

En este sentido, ha reiterado que esta figura "novedosa", que "no tiene parangón" -ha dicho- en ninguna ley urbanística estatal o autonómica", y que el Gobierno ha creado 'ex novo' después de que el Constitucional anulara la ley que consagraba el principio de indemnización previa a la demolición, permitirá legalizar "en el plazo de un año" alrededor de 400 de las 600 viviendas con sentencia de derribo en Cantabria.

El resto (102 en La Arena, 17 de Cerrias -Piélagos- y algunas de Argoños) se tendrán que demoler porque, a diferencia de las anteriores, no encuentran "encaje" en los PGOU en tramitación. El consejero ha señalado que en la mayor parte de los casos habrá "sustitución de vivienda por vivienda" y en los casos en que esta vía no sea posible, se indemnizará a los propietarios antes de la demolición.

Fernández ha dicho que "en el verano de 2014, o a finales de ese año", el problema de las viviendas con sentencia de derribo estará "si no definitivamente resuelto, en la práctica como si lo fuera", porque la autorización provisional es una "garantía" de legalización. Las primeras autorizaciones provisionales se empezarán a presentar "a partir de septiembre", una vez aprobado de forma inicial, "en agosto", el PGOU de Miengo, lo que "en breve plazo supondrá la legalización de las 100 primeras viviendas", ha declarado "convencido".

Por su parte, el PGOU de Arnuero se aprobará de forma definitiva "en dos meses", ya que sólo falta que el Ayuntamiento subsane cuestiones "muy puntuales" señaladas por la Comisión Regional de Ordenación del Territorio y Urbanismo (CROTU) en su reunión de julio. Para finales de año o principios de 2014 se prevé la aprobación definitiva del PGOU de San Vicente, que permitirá resolver, entre otras cosas, el problema de Santa Marina.

El consejero ha afirmado que también se están produciendo avances importantes en la tramitación de los planes de Escalante y Santoña, y ha destacado como "vital" el PGOU de Piélagos, cuya aprobación inicial se espera para este año y que permitirá "resolver de una atacada un montón de problemas". Fernández se ha mostrado "convencido" de que este plan se podrá aprobar de forma definitiva dentro de la presente legislatura.

Aprobar un pgou "antes era una quimera"

El titular de Urbanismo ha destacado que antes, aprobar un PGOU en Cantabria era "una auténtica quimera, casi un objetivo imposible". De hecho, ha señalado que en una década sólo se aprobaron cinco planes, mientras que en los dos años de la actual legislatura se han aprobado seis: el de Santander, que "para nosotros era vital", y los de Puente Viesgo, San Miguel de Aguayo, Cabezón de Liébana y en breve el de Arnuero.

Ha añadido que "en menos de un año" van a aprobarse 12 PGOUs, y el objetivo de legislatura es "no estar por debajo de los 20", un objetivo "ambicioso pero posible tal y como estamos trabajando".

Sobre los planes de Camargo, Torrelavega y Castro, ha recordado que el Ayuntamiento camargués está "buscando un nuevo equipo redactor", el de Torrelavega acaba de resolver el contrato con su equipo redactor y el de Castro "tiene que ir solucionando una serie de problemas urbanísticos para abordar con solvencia el PGOU", por lo que será el Ayuntamiento castreño el que "irá marcando los tiempos".

El consejero ha destacado que la nueva forma de trabajar con los ayuntamientos "va a traer frutos indudables en esta misma legislatura". "La Consejería ha conseguido que donde antes había frustración, ahora haya ilusión, y donde había abandono e incomprensión, ahora hay objetivos comunes, lealtad institucional y confianza mutua", ha dicho.

En su balance, Fernández también ha destacado la reforma del régimen jurídico del suelo rústico, que en un año de vigencia ha permitido a la CROTU aprobar un centenar de autorizaciones para la construcción de viviendas unifamiliares y otro centenar para rehabilitación o cambios de uso; la reforma de la Ley del Suelo que permite a los ayuntamientos realizar modificaciones puntuales de su planeamiento; y la ley que prohíbe el 'fracking'.

Por otro lado, ha destacado que el Gobierno aprobará este mes el proyecto de Ley del Paisaje, para su remisión al Parlamento en septiembre y su aprobación "antes de fin de año". A ello se une la reforma de la normativa de los proyectos singulares de interés regional (PSIR) y la reforma "en profundidad" de la Ley del Suelo.

El consejero ha señalado que su departamento trabaja también en el Plan de Ordenación del Territorio (PROT), que es un objetivo "de legislatura", y en otros planes como el de la bahía de Santander, el Nansa y el del territorio pasiego, que están "en fases preliminares".

A preguntas de los medios sobre la reclamación de CORE de aprobar el PROT antes que el plan eólico, Fernández ha señalado que este plan será "un marco que sirva de ayuda a los ayuntamientos y de expresión de las grandes políticas del Gobierno, pero no es un instrumento previo necesario para aprobar el plan eólico. En este sentido, ha puntualizado que el PROT "no debe sustituir a los planes sectoriales" y "no puede ser un obstáculo" para su puesta en marcha.