Farmaindustria ha anunciado este jueves que emprenderá "todas las acciones legales a su alcance" ante la convocatoria de un acuerdo marco para la compra centralizada de alternativas terapéuticas equivalentes (ATEs) por parte del Servicio Andaluz de Salud (SAS) por considerar que dicha medida "constituye una vulneración de la legalidad vigente y una clara invasión de competencias estatales por parte de la comunidad autónoma andaluza".

Con este anuncio la patronal del sector farmacéutica se suma a los posicionamientos en contra de esta medida que se han venido haciendo públicos en las últimas semanas por parte de la Organización Médica Colegial (OMC), el Consejo Andaluz de Colegios de Médicos (CACM), la Federación de Asociaciones Científico Medicas de España (FACME), la Sociedad Española de Oncología Médica, la Sociedad Española de Reumatología o la Sociedad Española de Hematología y Hemoterapia, entre otros, así como diferentes asociaciones de pacientes, que han expresado su preocupación por estas medidas.

En un comunicado, Farmaindustria manifiesta su "profundo rechazo a esta medida por sus funestas consecuencias sobre la innovación y, por tanto, los perjuicios que provoca a pacientes, profesionales sanitarios e industria" y anuncia que pedirá al Gobierno de la Nación "que haga uso de las atribuciones que le confiere la Ley de Garantías y Uso Racional de los Medicamentos y Productos Sanitarios".

En este sentido, recuerda que el nuevo artículo 88 de dicha norma dispone que "las medidas tendentes a racionalizar la prescripción y utilización de medicamentos y productos sanitarios que puedan adoptar las comunidades autónomas no producirán diferencias en las condiciones de acceso a los medicamentos y productos sanitarios financiados por el Sistema Nacional de Salud, catálogo y precios", al tiempo que estipula que "esas medidas de racionalización serán homogéneas en todo el territorio nacional sin producir distorsiones en el mercado único de medicamentos y productos sanitarios".

El sas discrimina a los pacientes andaluces

En su opinión, el rechazo a esta iniciativa del SAS obedece a que "rompe la equidad del sistema sanitario, restringe la capacidad del médico de prescribir los tratamientos que considere idóneos y, en especial, discrimina a los pacientes andaluces, a quienes recorta sus derechos por motivos económicos, al limitar su acceso a medicamentos incluidos en la prestación por el Ministerio de Sanidad".

Por último, Farmaindustria sostiene que esta propuesta constituye una "agresión que supone a las empresas farmacéuticas innovadoras y sus legítimos intereses, y la pérdida confianza de las compañías en la seguridad jurídica, rompiendo la unidad del mercado farmacéutico, con el riesgo que ello implica para la continuidad en la producción y comercialización de productos farmacéuticos en todo el ámbito estatal".

A su juicio, "esta medida, que menoscaba el valor del medicamento, supone un claro ataque a la innovación farmacéutica y un desincentivo para las inversiones en I+D en España y para la investigación de nuevas terapias".

Críticas de la sociedad española de reumatología

En línea con las críticas de Farmaindustria, la Sociedad Española de Reumatología (SER) ha expresado su rechazo a la "obligación de tener que prescribir medicamentos basándose exclusivamente en criterios economicistas, en detrimento de la salud de los pacientes" y ha defendido "la libertad y actuación profesional de los médicos".

En un comunicado, la SER ha criticado que el nuevo modelo diseñado por el SAS "consiste en que para cada indicación sea el concurso público de precios el que marque el fármaco que adquirirán todos los hospitales de la comunidad autónoma", lo que, en su opinión, "va a favorecer una desigualdad entre los pacientes de distintas comunidades autónomas y va a perjudicar enormemente la atención de los mismos, ya que puede que no reciban el mejor tratamiento posible en función de sus características".

"Esta iniciativa va claramente en contra de la calidad, cohesión y equidad del Sistema Nacional de Salud (SNS)", ha advertido el presidente de la SER, Santiago Muñoz Fernández, que ha señalado que "no es de recibo que desde las administraciones se promuevan normas relacionadas con las alternativas terapéuticas equivalentes que únicamente busquen un ahorro en el gasto farmacéutico".