La inacción de la Unión Europea ante el sistema de 'tax lease' del sector naval español se convertirá en uno de los ejes del recurso que el Gobierno presentará antes del 28 de septiembre en contra de la resolución del comisario de Competencia, Joaquín Almunia, que obliga a los inversores a devolver las ayudas recibidas desde 2007, explicó el ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria.

Durante su comparecencia ante la Comisión de Industria, Energía y Turismo del Congreso, citó la inacción comunitaria como uno de los argumentos de base para los dos principios que evocará el Gobierno ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TUE), que son la confianza legítima y la seguridad jurídica.

"El Gobierno piensa que hay argumentos jurídicos sólidos para recurrir esta decisión y lo cree porque la decisión va contra el principio de la confianza legítima y la seguridad jurídica con el que en todo momento han actuado todos los agentes del sector", señaló.

La confianza legítima "supone que una institución europea ha hecho concebir esperanzas fundadas a un conjunto de ciudadanos europeos". "En el anterior 'tax lease' fueron muchas las ocasiones en las que la UE hizo concebir esta esperanza a los astilleros, armadores, bancos e inversores, señaló.

Esta confianza del sector procedía "en primer lugar de la inacción de la Comisión Europea" y, en segundo lugar, de la carta de la por entonces comisaria de Competencia, Neelie Kroes, en la que se daban por válidas las bonificaciones fiscales en España.

En cuanto al segundo principio del recurso, el de la seguridad jurídica, Soria consideró que "la Comisión no puede retrasar 'sine die' el ejercicio de sus facultades" y provocar incertidumbre. Este principio ha sido vulnerado, a la vista de que "ha habido una larga inacción por parte de la Comisión Europea", señaló.

La Comisión Europea, dijo el ministro a este respecto, sabía que España iba a disponer de un sistema de 'tax lease incluso antes de su implantación, e incluso recibió información posterior a través de las renuncias de los astilleros europeos.

"A pesar de todo ello, permaneció inactiva durante diez años. Pero hasta 2011 no incoó expediente ni despejó posibles dudas sobre el mismo", por lo que el Ejecutivo comunitario "ha tenido una política dubitativa durante estos diez años", aseguró.

Sin cautelares.

Soria explicó además que el Gobierno no solicitará finalmente medidas cautelares ante el TUE en contra de la resolución de Bruselas y adelantó que mañana el recurso será analizado ante la comisión encargada de asuntos económicos para que reciba el visto bueno y pueda ser presentado antes del 28 de septiembre.

El Ejecutivo, explicó, se planteó junto a comunidades autónomas y sindicatos la presentación de estas cautelares, pero fueron finalmente los astilleros los que desaconsejaron la medida porque "los inversores avisaron de que les puede llevar a no poder financiar ni siquiera un nuevo barco".

Por este motivo, "podía ser peor el remedio que la enfermedad" en lo referido a las cautelares, indicó Soria, quien además recordó que en la historia del TUE nunca se han aceptado unas cautelares antes de que el recurso sea interpuesto.

El ministro también sostuvo que, frente a la inacción de la UE, "el Gobierno español ha atendido todas las peticiones que se le hicieron por parte de la Comisión desde 2006, sin ningún tipo de retraso ni obstrucción." Además, destacó el compromiso con este asunto de todos los departamentos del Ejecutivo implicados.