El Consell aprobó en una sesión plenaria del 30 de marzo de 2012 una propuesta de la entonces consellera de Cultura, Lola Johnson, para autorizar "excepcionalmente" a la intendente del Palau de les Arts Reina Sofía de Valencia, Helga Schmidt, a percibir "unas retribuciones de 67.615,92 euros anuales y el mantenimiento de la cantidad de 23.439 euros anuales en concepto de indemnización por gastos de residencia e instalación".

El acuerdo del Consell, consultado por Europa Press, especifica que se trata de una "autorización excepcional de la superación del límite de la cuantía de retribuciones previsto en el artículo 19.5 del decreto-ley 1/2011 de 30 de septiembre del Consell de medidas urgentes de régimen económico financiero del sector público empresarial y fundacional", que limitaba los salarios para este tipo de cargos.

En el documento, se recuerda que, no obstante, el apartado 5 del artículo 19 de la norma "prevé que, excepcionalmente, y por causas justificadas, pueda superarse dicho límite hasta el importe que, en cada supuesto, se establezca y en atención a las circunstancias que concurran en cada caso".

Por ello, apunta, "y teniendo en cuenta las consideraciones realizadas por la Comisión Ejecutiva de la Fundación de la Generalitat Valenciana Palau de les Arts Reina Sofía y a propuesta de la consellera de Turismo, Cultura y Deporte" —Lola Johnson en aquel momento— se acordó "autorizar a Helga Schmidt a la percepción de "unas retribuciones de 67.615,92 euros anuales y el mantenimiento de la cantidad de 23.439 euros anuales en concepto de indemnización por gastos de residencia e instalación".

En 2012, y en el contexto de las medidas económicas de ajuste llevadas a cabo por el Gobierno valenciano, la Generalitat comunicó que había rebajado el sueldo de la responsable artística del coliseo un 60% —hasta los 68.000 euros— para homologarlo a las retribuciones de los directivos del Sector Público Empresarial y Fundacional llevada a cabo por la Generalitat.

Al respecto, el diputado del PSPV Juan Soto ha manifestado, en declaraciones a Europa Press, que "la historia no es como la habían contado, ya que la suma de los 68.000 euros más los 23.400 da como resultado 91.000 euros, más del doble" de lo que estipula el decreto que debe cobrar un cargo de director general, homologable a la categoría de Schmidt, que es de alrededor de 40.000 euros al año, ha especificado.

El parlamentario ha recordado que la rebaja de sueldo de Schmidt —de los 156.864 euros que figuran en el contrato que firmó en 2005— a los casi 68.000 "no fue voluntaria, sino impuesta por la ley, pero es que, además, ese recorte, teniendo en cuenta el pago adicional por residencia, sigue suponiendo cobrar más del doble de lo que le correspondería".

"acoso y despilfarro"

"No es verdad que cobre 68.000 euros si sigue manteniendo el plus de residencia", ha exclamado Soto, que ha considerado "absolutamente indecente obligar de manera individualizada al Consell a eximir de los límites previstos por la ley a una señora que en su trayectoria ha practicado el acoso laboral, como denunciaron algunas empleadas, y despilfarrado el dinero público sin control".

"Se está premiando a Helga Schmidt pagándole más del doble del límite presupuestario; es un premio retributivo absolutamente indecente e inmoral", ha insistido.

Por ello, ha reclamado al Gobierno valenciano que "suprima de manera inmediata el trato excepcional del que está gozando Schmidt y que le permite cobrar más del doble que sus colegas porque es inmoral e injustificable".

Asimismo, Soto ha recordado que los socialistas han pedido en varias ocasiones en las Corts Valencianes explicaciones por "los gastos y el despilfarro" de Helga Schmidt.

Igualmente, ha recordado que recientemente se le renovó el contrato al no ser denunciado por ninguna de las partes. En concreto, la renovación se produjo de forma automática y por cuatro años más, ya que, al tener un contrato de alta dirección, éste se tenía que haber denunciado seis meses antes de su finalización, es decir, en noviembre de 2012. En aquel momento aún era consellera de Cultura Lola Johnson y su departamento no inició el proceso para romper la vinculación contractual.

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