CROEM y sus organizaciones miembro COEC, FREMM, FECOAM y AREMUR, así como la asociación agraria COAG, junto a la Asociación Nacional de Productores e Inversores de Energías Renovables (ANPIER), tras analizar la reforma del sector eléctrico planteada por el Ministerio de Industria, Energía y Turismo, aplauden el anuncio del presidente de la Comunidad, Ramón Luis Valcárcel, de presentar un recurso de inconstitucional porque consideran que sus consecuencias no pueden ser peores para los intereses de la región.

Para los colectivos empresariales, la reforma es uno de los mayores atentados contra los intereses de la Región que se han conocido en la democracia, puesto que "defenestra la posibilidad de aprovechar un activo, como es el sol", en tres vertientes: como fuente de energía limpia y barata para el abastecimiento de los hogares, comercios y empresas; como industria y como zona propicia para la implantación de nuevas fábricas.

"Es una reforma traumática que supone, además, la ruina de 55.000 familias productoras de energía solar fotovoltaica; las cuales, atendiendo a un llamamiento del Estado, invirtieron sus ahorros en la producción de energías renovables y ahora contemplan cómo las promesas de retorno de inversión del propio Estado se han convertido en una grave amenaza para sus economías familiares", añaden en comunicado.

Para los empresarios, esta reforma afecta además a las empresas instaladoras de energía solar, las cuales tendrán que reducir sus plantillas de modo significativo e incluso cerrar la mayor parte de ellas. Por si fuera poco, con la fuerte subida en el recibo de la luz, "todas las empresas de la Región verán reducidos sus márgenes, pasando a ser el coste de suministro eléctrico un grave problema para las pymes regionales".

Por ello, aplauden la decisión del presidente Valcárcel de presentar recurso de inconstitucionalidad contra la reforma, que consideran que pone en peligro la actividad de pymes y autónomos de la región que se dedican a la producción de energía solar, la instalación placas y la vigilancia y el cuidado y mantenimiento de las mismas.

Los empresarios creen que la nueva normativa "penaliza a las regiones con mayor número de radicación solar", al igualar las rentabilidades máximas de las plantas murcianas con las instaladas en territorios del norte de la península; "sin olvidar que atenta contra la propiedad privada de los españoles y cuestiona la seguridad jurídica de las inversión internacionales en nuestro país".

Por su parte, las organizaciones agrarias recuerdan que en la Región de Murcia el 95% de la potencia de energía fotovoltaica está ubicada en entornos rurales, lo que ha contribuido a generar empleo y riqueza en muchas zonas desfavorecidas.

Finalmente, desde ANPIER se subraya que la Región de Murcia está considerada como una de las zonas del planeta óptimas para la generación de energía solar fotovoltaica.

La asociación recuerda que la región podría ser energéticamente autosuficiente en 20 años si se apuesta de manera decidida por las energías renovables, "con lo que se legaría a futuras generaciones un futuro energético sostenible, rentable y responsable con sólo aprovechar un recurso natural que viene dado". Considera, en definitiva, que con la reforma planteada por el Gobierno de la nación todo este futuro "limpio" queda postergado.

Las organizaciones empresariales tienen asimismo presente que el Eurobarómetro publicó en enero los resultados de una consulta realizada a 25.525 ciudadanos de la Unión, que constataba que el 70% de los europeos quieren se prioricen las energías renovables en sus respectivos países.

Un dato, señala CROEM, que en el caso de España supera ampliamente la media europea: el 81% de los españoles reclama un nuevo modelo energético basado en el uso de energías renovables.