El equipo de gobierno del Ayuntamiento de Burjassot ha acusado a la Conselleria de Educación de "mentir y manipular a los ciudadanos" por decir que el consistorio no le ha cedido las instalaciones de la Escuela de Adultos (EPA) para acoger a alumnos del CEIP San Juan de Ribera, declarado en ruina económica, por lo que ha anunciado que se reserva "el derecho de ejercer acciones legales". Por su parte, la administración educativa sostiene que realizó por escrito la solicitud de un espacio construido y que, además, sugirió dicho inmueble en diversas conversaciones telefónicas.

La Conselleria dio a conocer ayer en un comunicado que va a abrir un procedimiento especial y voluntario de admisión del alumnado del CEIP San Juan de Ribera en otros centros públicos ante la "negativa" del Ayuntamiento a ceder el edificio de la EPA.

Tras este anuncio, la corporación municipal ha emitido a su vez una nota de prensa en la que manifiesta que el alcalde de Burjassot, Jordi Sebastià, "dimitirá si la consellera de Educación, María José Català, demuestra que se ha solicitado el edificio de la EPA y que el Ayuntamiento lo ha denegado" y ha retado a la titular de Educación "a que haga lo mismo si no puede probarlo". "La mentira es de tal calibre, que por dignidad debería dimitir", ha apuntado el primer edil.

El equipo de gobierno municipal denuncia lo que califica de "mentiras, falsedades y manipulación de la Conselleria de Educación" y defiende que la Generalitat "jamás ha solicitado el edificio de la Escuela de Adultos a este Ayuntamiento, y que este Ayuntamiento, por lo tanto, jamás ha podido negar el uso o cesión del mismo a la Conselleria".

"Así pues, la Conselleria miente y manipula a los ciudadanos con el único fin de echarle la culpa al Ayuntamiento de Burjassot de una situación que se hubiera solucionado fácilmente si hubieran cumplido con su obligación, la construcción de un nuevo centro escolar que cuenta con licencia desde el año 2010", apostilla.

El alcalde recalca igualmente que sigue existiendo el ofrecimiento del espacio de un solar para el traslado de los alumnos y señala que "lo que está haciendo la Conselleria es desmantelar la educación pública, enfrentar a los padres y crear tal incertidumbre que los propios afectados se vean obligados a matricular a sus hijos en otros centros, para así ellos continuar con el desmantelamiento del centro". "Utilizar mentiras deja en muy mal lugar a la Conselleria y a la Consellera, Mª José Català", remata.

En la misma línea, el Ayuntamiento critica que la Conselleria "jamás ha solicitado una licencia de rehabilitación del edificio principal (del San Juan de Ribera), sino una licencia de reposición de la cubierta, con lo cual este Ayuntamiento nunca ha podido rechazar la rehabilitación del edificio".

"La Conselleria de Educación es consciente que una declaración de ruina económica no es una opción del Ayuntamiento, sino una obligación, ya que cualquier otra actuación habría sido constitutiva de un delito de prevaricación; y la Conselleria sabe que ésta es una realidad incuestionable, de ahí que se aprobara sin ningún voto en contra en el pleno municipal. El informe técnico obliga a la declaración de la ruina económica, no existe otra opción", apuntan.

Por último, hace constar que "no existe comunicado ni comunicación de ningún tipo de las acciones que afectan al Ayuntamiento por parte de la Conselleria", y avanza que se reserva la posibilidad de emprender acciones legales contra la Conselleria por los gastos que ha ocasionado y de los que era consciente que no iba a utilizar, como la adquisición del solar, la adaptación del mismo, la ubicación de suelo dotacional en el PGOU" para construir un nuevo colegio.

1,8

Millones de gasto

Al respecto, detalla que "todas estas acciones que se iniciaron desde hace años, han supuesto al Ayuntamiento más de 1,8 millones de euros". El equipo de gobierno considera que la Conselleria "ha hecho de forma consciente que el Consistorio gaste una serie de recursos en un proyecto que no iba a llevar adelante y ha generado unas expectativas en los familiares que no ha cumplido, con lo cual este Ayuntamiento estudiará todas las medidas legales a su alcance para que sea resarcido el daño no sólo económico municipal sino también el daño moral que han sufrido las familias", sentencia.

Por su parte, fuentes de la Conselleria de Educación han declarado a Europa Press que la administración cursó por escrito la Ayuntamiento de Burjassot una petición en la que se especificaba la solicitud de un "espacio construido" que cumpliera los requisitos mínimos de los centros educativos establecidos en el Real Decreto 132/2010.

Posteriormente, asegura un portavoz del departamento de Campanar, el secretario autonómico de Educación, Rafael Carbonell, mantuvo varias conversaciones telefónicas con el alcalde de Burjassot "en las que sugirió el espacio de la EPA por ser un lugar que el San Juan de Ribera ya había utilizado anteriormente para dar clase en determinados momentos".

Sobre esta polémica se han pronunciado también otros colectivos educativos. Es el caso del sindicato STEPV, que ha reprochado que la Conselleria "haya optado por repartir al alumnado del CEIP San Juan de Ribera entre los centros concertados y públicos en vez de mantenerlo unido en unos espacios cedidos por el Ayuntamiento hace tres años para construir un nuevo centro o instalar aulas prefabricadas provisionales mientras se construye".

En términos similares, Escola Valenciana apuesta por "encontrar un espacio unificado para ubicar al alumnado del centro hasta que haya un edificio nuevo" y lamenta que la Conselleria "insista en la dispersión como solución".