Junta encarga un informe jurídico sobre la constitucionalidad de la reforma local y pide ser oída en el Senado

El 89,6 por ciento de los ayuntamientos andaluces verá afectada sus competencias, según el informe presentado por Valderas
Miguel Ángel Vázquez
Miguel Ángel Vázquez
Europa Press/Archivo

El Consejo de Gobierno andaluz ha mostrado este miércoles su rechazo al anteproyecto de ley sobre la reforma de la administración local aprobado por el Consejo de Ministros y ha acordado encargar un informe jurídico sobre la constitucionalidad del mismo y solicitar la comparecencia de las comunidades autónomas en el Senado para que éstas puedan "ser oídas" durante el trámite parlamentario de la citada normativa.

Así lo ha dado a conocer el portavoz del Gobierno andaluz, Miguel Ángel Vázquez, en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Gobierno, que ha conocido un informe elaborado por la Consejería de Administración Local y Relaciones Institucionales, dirigida por Diego Valderas, sobre el impacto negativo de esta normativa en la comunidad.

Según ha explicado Vázquez, el Consejo de Gobierno también ha acordado pedir la convocatoria de la Conferencia Sectorial en materia local y pulsar la opinión de la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP) sobre esta materia, para lo cual Valderas enviará un escrito a la presidenta de este organismo, Ángeles Muñoz (PP).

Tras apuntar también que Andalucía elaborará alegaciones al citado anteproyecto de ley, el portavoz del Gobierno ha anunciado que el consejero de Administración Local y Relaciones Institucionales pedirá el próximo mes de septiembre, a petición propia, su comparecencia en el Parlamento para explicar las repercusiones de la reforma.

En el informe que Valderas ha presentado este miércoles al Consejo de Gobierno se apunta que el 89,6 por ciento de los municipios andaluces verá afectadas sus competencias por esta reforma, que supondrá una "pérdida de autonomía y autogobierno" para las entidades locales. Los municipios de la Comunidad en los que el núcleo competencial propio está "amenazado de lleno" son los de menos de 20.000 habitantes, que suman una población de más de tres millones de personas.

Según el citado informe, el anteproyecto de ley implica una recentralización y control por parte del Gobierno que afectará a 691 de los 771 ayuntamientos andaluces. Estas pequeñas y medianas poblaciones podrán perder gran parte de sus competencias a favor de las diputaciones provinciales, de acuerdo con lo previsto por la norma estatal. El titular de Administración Local también ha subrayado que, de estos municipios, 509 tienen menos de 5.000 habitantes (66 por ciento del total) lo que significa que podrán ser disueltos e intervenidos de forma unilateral.

Valderas ha denunciado "la injerencia y la alteración del poder local" reconocido y garantizado por la Constitución Española y el Estatuto de Autonomía de Andalucía, y reforzado por la Carta Europea de Autonomía Local. A su juicio, es "inadmisible" la intromisión del Ejecutivo central, que justifica la reforma por el "ahorro de unos 8.000 millones de euros" como consecuencia de una reordenación de competencias municipales. Frente a ello, ha recordado que la reforma pondrá en riesgo alrededor de 40.000 empleos en Andalucía, tanto por la pérdida de competencias como por las privatizaciones de servicios que propicia.

Igualmente, el informe presentado al Consejo de Gobierno denuncia que esta merma en el autogobierno local afectará negativamente a los cauces de participación y relación con la ciudadanía, necesarios para atender las demandas vecinales, y convertirá a los ayuntamientos en "meros gestores" de los servicios obligatorios que coordinarán las diputaciones provinciales. Además, dejará a las corporaciones bajo el control potestativo del Ministerio de Hacienda que, de entrada, será el que evalúe el coste de todos los servicios.

Otra de las amenazas a la autonomía local que se reflejan en el informe presentado ante el Consejo es la posibilidad de que el Estado promueva la fusión de municipios con la justificación de mejorar la capacidad de gestión. Valderas ha señalado que con esta vía se desactiva igualmente cualquier decisión democrática de segregación, ya que la norma estatal lo prohíbe por un periodo de diez años desde que se produce la fusión.

Una normativa "sin consenso"

Por su parte, Miguel Ángel Vázquez ha afirmado que el anteproyecto que el Gobierno ha presentado es "aún más duro" que los borradores anteriores y que nace "sin acuerdo y sin consenso político ni territorial". "Llega al Congreso en la más absoluta soledad del Gobierno, tiene a los todos los partidos de la oposición en contra, ninguna comunidad autónoma se muestra satisfecha e incluso tiene el rechazo de ayuntamientos del PP", ha añadido.

Para el portavoz del Gobierno andaluz, se trata de un anteproyecto de ley que reduce la autonomía local, intenta recentralizar las competencias a favor del Estado y se presenta sin memoria económica. A su juicio, el Gobierno pretende "una mayor tutela y menos democracia local", siendo ésta una reforma "dañina e innecesaria", que busca la privatización de servicios públicos.

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