El Juzgado de Instrucción número 1 de Valladolid ha excluido finalmente al alcalde de la ciudad, el 'popular' Francisco Javier León de la Riva, del auto de imputación en el que figuran doce personas físicas y cuatro empresas como responsables, en distinta medida, de las graves irregularidades cometidas en 2003 en el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) que, antes de su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia, en febrero de 2004, fue modificado para, supuestamente, beneficiar a los promotores de distintos proyectos urbanísticos, según informaron a Europa Press fuentes jurídicas.

En el auto judicial, dado a conocer este mediodía, el juez José María Crespo responsabiliza de las alteraciones detectadas en la principal herramienta de planeamiento urbano de Valladolid al exedil de Urbanismo, José Antonio García de Coca; el secretario municipal, Valentín Merino Estrada; el arquitecto Luis Álvarez Aller; Modesto Mezquita, exjefe de Área de Urbanismo, y José Luis Cerezo, exjefe de este servicio; los hermanos José Luis y Eduardo González Torres y José Luis Mayordomo, socios de Grupo Capitol; Antonio Pastrana y José Ángel Astorga, de Parkosa; así como José Luis Barca, exjefe de la Asesoría Jurídica municipal y el todavía letrado municipal, Luis Ángel Lavín Deza.

Junto a ellos, figuran también como imputadas cuatro empresas, Capitol Promociones, Parkosa, Vallenaba Capitol y Progot, según informa el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León.

A los imputados se les acusa de delitos contra la ordenación del territorio, prevaricación, falsedad, cohecho, tráfico de influencias y negociación prohibida a funcionarios.

Ahora, las partes personadas en esta causa (acusación y defensa) pueden presentar recurso. Cuando el auto se confirme, las acusaciones calificarán los hechos concretando los delitos.

El denominado 'Caso del PGOU' de Valladolid fue llevado a la Fiscalía de Valladolid el día 7 de julio de 2008 por el Grupo Municipal Socialista, que denunció ya entonces la modificación ilícita de 67 artículos y cinco planos —el Ayuntamiento reconoció errores en ocho epígrafes y cinco planos— y consideró como principal responsable al exedil de Urbanismo, a quien imputaba por las manipulaciones en el planeamiento urbanístico de la ciudad en los últimos días de agosto de 2003, entre su aprobación provisional por parte del Pleno y la definitiva por parte de la Junta.

La denuncia de los socialistas fue puesta en manos del Juzgado Decano por parte de la Fiscalía vallisoletana, que pidió la declaración de García de Coca como imputado y apuntaba la posibilidad de recabar el testimonio del propio alcalde y del consejero de Fomento, Antonio Silván, así como de encomendar a la Policía Judicial la investigación con el acceso a toda la documentación mencionada y averiguar qué personas se beneficiaron de las modificaciones realizadas en el texto del PGOU.

Aunque los hechos fueron denunciados por el grupo de concejales socialistas, éstos no han podido personarse en las diligencias debido a la elevada fianza exigida, algo que, por el contrario, sí han logrado hacer la Federación de Asociaciones Vecinales de Valladolid, que figura como acusación popular tras desembolsar 8.000 euros de fianza.

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