La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha adoptado por unanimidad un acuerdo en el que reitera que las actuaciones judiciales exigen "respeto", tras las manifestaciones del consejero andaluz de Justicia e Interior, Emilio de Llera, sobre la labor de la juez que instruye el caso de los ERE, Mercedes Alaya, a la que el consejero acusó de falta de imparcialidad y profesionalidad.

En un comunicado, el CGPJ ha informado de que la reunión de este miércoles de la Comisión Permanente ha adoptado una declaración institucional en la que se recoge que, "sin perjuicio de la valoración que se haga" de las declaraciones de De Llera, "no puede hacer otra cosa que reiterar —como ha hecho siempre— la exigencia de respeto a las actuaciones judiciales".

Cabe recordar que en una entrevista concedida a Europa Press, el responsable andaluz de Justicia dijo estar "un poco descorazonado con la forma de realizar la instrucción de mi compañera" (en alusión a Alaya), ya que sigue "sin entender que sostenga que Antonio Fernández, siendo viceconsejero, en unión de su superior, el consejero de Empleo, participó en la ideación y firma de un convenio para eludir los controles públicos, y que meta en la cárcel" al primero de ellos "y al otro lo deje apuntado, porque, según se dice, es aforado", en alusión a José Antonio Viera.

No obstante, agregó que "la realidad es que aquí se está apuntando a mucha gente". "Se amaga pero no se da", dijo el consejero, que también criticó el auto en el que la magistrada de Instrucción número 6 de Sevilla imputó a 20 cargos o ex altos cargos de la Junta "sin relatar un mínimo hecho en el que puedan asentarse" dichas imputaciones, lo que hace que los inculpados "lleguen a ciegas" al día de su declaración.

"Un juez está obligado a razonar, fundamentar y motivar sus decisiones, y eso sirve como mecanismo de control a los jueces por parte de sus superiores jerárquicos, y también a los ciudadanos, para que sepan por qué se imputa a un ciudadano", insistió el consejero.

Además, criticó la "falta de imparcialidad" de la juez cuando afirmó, en la declaración del exinterventor, que "ya sabemos que Griñán conocía sus informes", lo que denota "una intencionalidad por imputar" al presidente de la Junta. "Me parece de una falta de profesionalidad muy seria", aseveró.

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