Núria de Gispert, en el Parlament.
Núria de Gispert, en el Parlament. HUGO FERNÁNDEZ

La Mesa del Parlament ha acordado este miércoles pedir la recusación del presidente del Tribunal Constitucional (TC), Francisco Pérez de los Cobos, como ya ha hecho la Generalitat, después de que trascendiera su militancia en el PP.

Según ha indicado la vicepresidenta del Parlament, Anna Simó, el acuerdo ha sido adoptado "por una amplia mayoría" de la Mesa de la Cámara por "la sospechosa vinculación partidaria de Pérez de los Cobos" en los recursos y procedimientos en los que ha intervenido el PP o el gobierno del PP como proponente".

Minutos antes, en una entrevista en RAC1, la presidenta del Parlament, Núria de Gispert, anunció que los servicios jurídicos habían emitido un informe favorable a solicitar que el presidente del TC sea apartado de los siete procedimientos abiertos actualmente en los que interviene la Cámara legislativa catalana.

La petición de recusación del Parlament será presentada en siete procedimientos distintos que han sido instados por el PP o por el Gobierno del PP, como por ejemplo los recursos contra la Ley de Educación de Cataluña (LEC) o la Ley de Colegios Profesionales, pero también la declaración de soberanía aprobada por el Parlament.

Al argumentar la petición de recusación por cada uno de los recursos o procedimientos actualmente abiertos, la vicepresidenta del Parlament ha considerado que la militancia en un partido concreto de un magistrado del TC puede afectar a su debida imparcialidad e independencia de criterio.

Ha comparado, asimismo, la militancia del actual presidente del TC con lo ocurrido durante las deliberaciones de la sentencia del Estatut, cuando fue recusado a petición del PP el magistrado Pablo Pérez Tremps por haber elaborado previamente un artículo en el que valoraba el texto estatutario.

La petición de recusación del Parlament se suma a la que planteará el Govern por los 24 procedimientos de recursos de inconstitucionalidad y de conflicto de competencias en los que es parte la Generalitat, como los de horarios comerciales, de impuestos de depósitos bancarios o sobre establecimientos turísticos.

También se incluyen recursos planteados por diputados o senadores del PP contra preceptos de la ley catalana de Educación, la del Cine o el Código de Consumo de Cataluña. La petición se amplía a recursos planteados por la Generalitat contra preceptos de leyes estatales, como los Presupuestos del 2012 o las medidas de racionalización en ámbito sanitario y educativo, así como los conflictos de competencias planteados por el Govern ante decretos estatales.

El Gobierno catalán ha acordado este martes pedir la recusación del presidente del Tribunal Constitucional (TC), Francisco Pérez de los Cobos, en 24 procedimientos de recursos de inconstitucionalidad y de conflicto de competencias en los que es parte la Generalitat. "No es una recusación genérica, sino para 24 conflictos que están en curso" y de los que forma parte la Generalitat, el Govern o diputados del PP, ha afirmado el portavoz del Govern y conseller de Presidencia, Francesc Homs, en la rueda de prensa posterior al Consell Executiu, que ha recibido un informe favorable en este sentido por parte de los servicios jurídicos de la Generalitat. Homs ha afirmado que el ejecutivo catalán usa "la propia medicina" y los mismos "argumentos" del PP cuando este partido pidió la recusación del magistrado del TC Pablo Pérez Tremps, con motivo del litigio del Estatut, después de conocerse que este jurista había asesorado a la Generalitat en la redacción del texto estatutario. La decisión adoptada por el Consell Executiu en su reunión semanal ordinaria llega después de que el gabinete jurídico de la Generalitat, al que se le pidió un informe la semana pasada, haya concluido que la militancia de Pérez de los Cobos en el Partido Popular "permite apreciar una causa objetiva de pérdida de imparcialidad" en las causas que afectan a la Generalitat. 24 procedimientos Entre los litigios afectados no se encuentra la declaración de soberanía, ya que le compete al Parlament pedir la recusación en este caso y que Homs confía que acabará haciendo la cámara catalana, que la semana pasada ya pidió un informe a sus servicios jurídicos. Concretamente, el Govern pide la recusación en los recursos de inconstitucionalidad de 24 litigios en marcha, entre los que se encuentran tanto recursos planteados por el Gobierno central en contra de decretos de la Generalitat, como los de horarios comerciales, de impuestos de depósitos bancarios o sobre establecimientos turísticos. También se incluyen recursos planteados por diputados o senadores del PP contra preceptos de la ley catalana de Educación, la del Cine o el Código de Consumo de Cataluña. La petición de recusación también se amplía a recursos planteados por la Generalitat contra preceptos de leyes estatales, como los Presupuestos del 2012 o las medidas de racionalización en ámbito sanitario y educativo, así como los conflictos de competencias planteados por el Govern ante decretos estatales

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