Restaurante de Grecia
Varias personas en una terraza de un restaurante de las Cícladas. GTRES

Grecia reduce a partir de este jueves el impuesto sobre el valor añadido (IVA) del 23% al 13% en la restauración, una medida que el Gobierno de Andonis Samarás ha arrancado a la troika para insuflar oxígeno al consumo privado, sobre todo con vistas a aprovechar algo de la temporada turística.

Si bien los acreedores internacionales no están convencidos del sentido de esta reducción, como reconoció el propio Samarás, el Gobierno espera que los restaurantes, cafeterías, bares y servicios de catering traduzcan esta medida en el correspondiente descuento de los precios.

Matemáticamente la bajada en diez puntos porcentuales del IVA debería traducirse en una reducción de los precios del 8,1%, pero si se parte de un cálculo más realista el Gobierno no cree que haya un abaratamiento superior al 5%.

Todo establecimiento que aplique una rebaja de al menos el 5% recibirá un distintivo El acuerdo alcanzado entre el Gobierno y el sector de la restauración contempla que todo establecimiento que aplique una rebaja de al menos el 5% en tres cuartas partes de los productos incluidos en su lista de precios recibirá un distintivo que podrá colgar en su local. En esta placa o cartel, que vendrá parcialmente escrita en inglés, se puede leer "Ha bajado el IVA, aquí bajamos los precios", y además invita al cliente a reclamar factura.

En su menú, los restauradores deberán poner los precios antes y después de la reducción del IVA.

La rebaja, no obstante, no se aplica a las bebidas alcohólicas, ni tampoco a las no alcohólicas si es para entrega a domicilio.

Para incentivar al sector a trasladar la rebaja al cliente, el Gobierno se ha comprometido a dar prioridad a las empresas que lo hagan en programas europeos o nacionales de fomento.

De momento, la medida tiene fecha de caducidad, y el conservador Samarás únicamente logró el "sí" de la troika formado por la Comisión Europea, Banco Central Europeo y Fondo Monetario Internacional, a cambio de que pueda demostrar su efectividad y no erosione aún más los precarios ingresos fiscales. Por ese motivo, si no hay una visible mejora económica, además de una reducción del fraude fiscal, la reducción expira el 31 de diciembre.