ELA ha acusado al Gobierno central de "impedir" la rehabilitación y reinserción de los reclusos en Euskadi, después de que el Consejo de Ministros haya decidido que no se proceda a la "apertura" de los Centros de Inserción Social previstos para la Comunidad Autónoma del País Vasco.

En un comunicado, el sindicato ha indicado que esta decisión va a dificultar la reinserción social de las personas con regímenes penitenciarios abiertos, siendo Euskadi, junto a Ceuta, Melilla y La Rioja, la única Comunidad Autónoma que no va a contar con estos centros.

ELA ha manifestado que los Centros de Inserción Social son una "alternativa" al régimen de cumplimiento en prisión para personas que deban cumplir penas en regímenes abiertos. Según ha destacado, su propósito es la creación de espacios adecuados para el cumplimiento de penas en semi-libertad, "acercando a las personas en proceso de reinserción a su entorno social de convivencia y trabajo".

"Esta decisión va a suponer una discriminación para los internos de régimen abierto de Euskadi, que van a ver mermadas su opciones de reinserción, precisamente en un momento de grave crisis, cuando más necesario resulta ayudar a estas personas en su reinserción social", ha indicado.

ELA ha asegurado que el Ministerio de Interior, "sin aportar ningún argumento", justifica esta decisión calificando de "innecesarios" los centros "cuando en realidad está procediendo a aplicar un recorte presupuestario brutal".

El sindicato ha señalado que las secciones abiertas tanto de Basauri como de Martutene, "carecen de los más elementales equipamientos y dotaciones" para poder llevar a cabo los objetivos que persiguen.

ELA ha criticado que, si a ello se suma el reciente cierre de Ametzagaña (la única Unidad Dependiente de Euskadi que trabajaba la inserción socio-laboral de los jóvenes) y el hecho de que se está utilizando el centro extinto de Nanclares para ubicar la sección abierta en el territorio de Álava, "el panorama no puede calificarse mas que de desolador".

"Resulta desolador que periódicamente, cuando el número de internos se hace insostenible, haya que vaciar las secciones abiertas, poniendo pulseras a internos que por sus características tienen muchas posibilidades de fracasar", ha agregado.

ELA ha reivindicado, por tanto, que se abran centros que realmente "vayan a dar más opciones a las personas internas a reinsertarse socialmente" y que los reclusos de Euskadi "tengan, al menos, las mismas opciones de rehabilitación que el resto de presos del Estado".

ELA ha mostrado su "estupor" porque los centros vascos no vayan a recibir "ni un euro de los 39 millones previstos" para acometer mejoras en los centros del Estado y porque no se aporte ningún dato sobre los cambios que se pretenden introducir en el futuro centro de Zubieta.

"Exigimos transparencia y que se hagan públicos los datos, solicitando la modificación sustancial a la baja del número final de plazas del centro planeado. ELA considera que en ningún caso dicho centro debe contar con más de 350 plazas sin contar las plazas complementarias", ha agregado.

Por último, ha afirmado que el Gobierno vasco, "como competente en materia penitenciaria, aunque el Gobierno central no realice la transferencia", no puede permanecer "impasible ante esta situación" "La competencia es suya y exigimos que la ejerza", ha agregado.