Los Mossos d'Esquadra han evitado en Girona que unos padres forzaran una de sus hijas de sólo 13 años a casarse contra su voluntad. La familia, procedente del Marruecos, había concertado el enlace de la pequeña con un primo y como la niña se resistía, le pegaron y al ver los moratones, el colegio alertó a los servicios sociales. Es solo uno de los cinco casos detectados esta año en la provincia, los mismos que en todo 2012.

Combatir los matrimonios forzados no es fácil. De entrada, porque se trata de una realidad silenciada y a menudo escondida en el seno de las comunidades que la practican. Además, los Mossos y los agentes sociales se enfrentan a varios factores que les juegan en contra. Uno de ellos es que muchas familias coaccionan las novias para que acepten al marido que les han escogido y evitar que denuncien la situación. Además, muchos padres deciden casarlas cuando aún son menores de edad.

A diferencia otras violencias machistas como la ablación, los enlaces forzados no son característicos de una determinada etnia o colectivo. A pesar de que en las comarcas gerundenses la mayoría de los casos hacen referencia a familias subsaharianas o del norte de África, estos tipos de matrimonios están extendidos a muchas zonas del globo, como la India, el Pakistán o América Latina.

En cualquier caso, los Mossos no combaten solos esta práctica. Como explica la jefa de la Unidad Regional de Proximidad y Atención al Ciudadano (URPAC), la subinspectora Rosa Negro, el aviso puede llegar de donde menos se espera. "El año pasado, por ejemplo, nos encontramos con el caso de una menor que pidió anticonceptivos a su pediatra, y que explicó al médico que los necesitaba porque la querían hacer casar", concreta.

Otras veces, sin embargo, llegan a ser las mismas novias o bien sus madres quienes piden ayuda a la policía (porque a menudo, en estas comunidades es el padre quien decide concertar el matrimonio). "Las novias suelen ser muy jóvenes y se las llega a casar con familiares que viven en el extranjero para poder regularizar los papeles", explica Rosa Negro. A veces, estos enlaces no se celebran aquí sino en Francia (sobre todo, en el caso de familias magrebís).

En otros casos, los padres optan para llevarse a las pequeñas en los países de origen, de donde no vuelven. Precisamente, el último caso que han conocido los Mossos este año ocurrió hace unos días: dos adolescentes subsaharianas de 14 y 15 años fueron a comisaría a pedir ayuda porque sus padres se las querían llevar a África este verano para casarlas. Además, también había una amenaza evidente que fueran víctimas de ablación.

La inminencia del viaje y la evidencia que las adolescentes se tendrían que quedar en África llevaron a los servicios sociales a apartarlas del núcleo familiar. De hecho, sus padres, que viven en la comarca de la Selva, ya no las habían matriculado para que en septiembre empezaran el nuevo curso al instituto.

"Este caso demuestra que los mecanismos de prevención funcionan, porque las mismas víctimas han sabido adónde ir a pedir ayuda", concreta la jefa de la URPAC. La policía y los servicios sociales controlaran a los padres para que no intenten hacer lo mismo con sus otras dos hijas igual que con las hermanas de la menor de 13 años. Hay otros dos casos, los de dos niñas gambianas de 14 y 15 años.

A la hora de afrontar los enlaces forzados -a diferencia de la ablación-, ningún artículo del Código Penal castigua explícitamente esta práctica. De todos modos, pero, esto no quiere decir que la justicia no pueda actuar en estos casos (porque a menudo comportan delitos asociados). Por eso, los matrimonios forzados se denuncian bajo las fórmulas de amenazas, coacciones, detenciones ilegales o, si el enlace ya se ha consumado, agresiones y abusos sexuales.

En caso de que la novia sea menor de edad, inmediatamente el asunto se lleva el caso ante la justicia y los servicios sociales. Si es mayor de edad, Rosa Negro precisa que hace falta que ella misma se atreva a denunciar la situación.

La subinspectora también añade que, a pesar de que se ha conseguido avanzar en la detección de casos de matrimonios forzados, todavía queda mucho trabajo para hacer. Aquí hay, por ejemplo, establecer un protocolo de actuación para los diferentes agentes, a imagen del que ya funciona con los casos de ablación. Precisamente, esta fue una de las conclusiones que se recogió a principios de año, durante una jornada que se hizo en Banyoles (Girona) para tratar la problemática.

"Desgraciadamente, aquello que detectamos es una muy pequeña parte de la realidad; por eso, hay que buscar fórmulas que nos permitan identificar estas situaciones y continuar apostando por la prevención", indica. Y concluye: "Es interesante ver como, gracias a charlas que hemos hecho, ahora hay a niñas que van a comisaría porque conocen el marco legal y saben que, si se las quiere obligar a casarse, la policía las podrá ayudar".