El juez Ruz llama a declarar a los siete testaferros que ayudaron a Correa a amañar contratos

  • La trama creó cuatro empresas "aparentemente independientes" con otros administradores para dividir los contratos públicos y llevárselos sin concurso.
  • Los cohechos que se pagaban a los políticos se generaban por costes inexistentes en los contratos, saliendo también de las arcas públicas.
  • Correa era el dueño de estas cuatro empresas oculto a través de testaferros y sociedades interpuestas.
Francisco Correa, principal implicado en la trama Gürtel.
Francisco Correa, principal implicado en la trama Gürtel.
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Ha llegado la hora de los testaferros. El juez Pablo Ruz ha llamado a declarar a los nombres menos conocidos de la trama Gürtel: los testaferros que ayudaron a Francisco Correa (cabecilla de la trama) a amañar contratos con Administraciones Públicas del PP. Siete personas que tendrán que declarar los próximos 11 y 12 de septiembre en la Audiencia Nacional. En un auto breve pero contundente, el juez Ruz explica a la perfección el mecanismo ideado por Correa y sus testaferros.

En el año 2005, Correa, Pablo Crespo (su 'número' dos en la trama y ex secretario de organización del PP gallego) y Ramón Blanco Balín (el fiscalista que les ayudó a blanquear dinero) idearon la constitución de un grupo de sociedades que contrataran con las Administraciones. Así nacieron cuatro empresas: Good & Better, Diseño Asimétrico, Servimadrid y Easy Concept. Todas ellas estaban participadas por estos tres socios, pero no de una manera directa, sino a través de otras sociedades diferentes "para ocultar a los verdaderos propietarios".

Las cuatro empresas antes citadas compartían actividad, trabajadores y administración, pero no funcionarían como una única empresa, sino como un grupo para que se "pudieran presentar en concursos públicos como entidades independientes vulnerando así los principios de publicidad y concurrencia", y para simular operaciones mercantiles entre ellas para reducir así "las cuotas tributarias por concepto de impuesto de sociedades e IVA". Las cuatro empresas estaban controladas por Isabel Jordán, una de las principales colaboradoras de Correa y que luego ha ayudado a la Policía como testigo. Correa la acusó de gastarse 211.000 euros de unas de sus empresas en caprichos personales. Tras la pérdida de confianza, fue sustituida por Pablo Collado Serra.

Facturas falsas por servicios inexistentes

Es entonces cuando aparecen los testaferros. Inmaculada Mostaza Corral fue nombrada administradora de Servimadrid; Pablo Ignacio Gallo Alcántara de Diseño Asimétrico; y Francisco Javier Pérez Alonso de Easy Concept y Good & Better. Javier Nombela Olmo y Alicia Mínguez Chacón gestionaban la facturación y la contabilidad de estas cuatro empresas, y Mónica Magariños Pérez tenía a su nombre la caja de seguridad del grupo de empresas. Nombela es, quizás, el más conocido. Fue asesor del PP en el Ayuntamiento de Madrid y destituido por el entonces alcalde Gallardón.

Las cuatro empresas "habrían obtenido múltiples adjudicaciones públicas de forma irregular en connivencia con distintos cargos públicos". Lo más habitual, reza el auto, era fraccionar los contratos gracias a la existencia de esas cuatro empresas "aparentemente independientes". Los contratos se dividían en servicios inferiores a 12.020 euros para que se pudieran adjudicar directamente, algo que permite la ley. En algunos casos, estas empresas "recibían antes de que saliera el contrato los pliegos de condiciones, llegando incluso a participar en la redacción de los mismos". Los cargos públicos que colaboraban con Correa y sus testaferros recibían "regalos y dádivas en efectivo", que a veces se computaban como coste del contrato adjudicado y por tanto se pagaban con dinero público. La cuadratura del círculo, según fuentes jurídicas consultadas.

El auto se detiene en este punto, los cohechos que se habrían pagado a los cargos públicos. Estos "se habrían generado por el grupo de empresas mediante la elaboración de facturas falsas que reflejaban servicios inexistentes". Esos servicios eran solicitados por otras empresas compinchadas. Se pagaban con dinero público, pero los pagos eran reingresados (salvo la cuota de IVA correspondiente) a las cuatro empresas de Correa en su "caja B".

Estos pagos inexistentes se deducían en las declaraciones tributarias y "se generaban fondos negros para pagar a los cargos públicos". Otros dos imputados, Pablo Ignacio Gallo y Carlos Ignacio Hernández-Montiel "preparaban y elaboraban las declaraciones tributarias del grupo vinculado a Correa".

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