El Consejo de Gobierno de la Junta de Castilla y León aprobará este miércoles, 31 de julio, un Decreto Ley en el que se incluyan las medidas urgentes en materia de vivienda con el fin de que entre en vigor a lo largo del mes de agosto.

Así lo anunció el consejero de Fomento y Medio Ambiente, Antonio Silván, quien, entre otras medidas, incidió en que el parque público de viviendas reservará un 30 por ciento de ellas al alquiler social con el fin de atender a la situación de especial "dificultad sobrevenida" que atraviesan muchos ciudadanos de Castilla y León para ejercer su derecho a una vivienda digna y adecuada.

Silván explica que el objetivo de este Decreto es dar una respuesta global y activa desde la política de vivienda en apoyo de las personas y familias más perjudicadas, por lo que se establecen cuatro ámbitos de actuación como son fomento del alquiler social, movilización de las viviendas protegidas de titularidad pública, medidas para la salida al mercado de las viviendas protegidas de titularidad privada y una nueva regulación general del régimen legal de las viviendas protegidas.

En lo que se refiere a medidas de fomento del alquiler social, que complementan las estatales, se pretende generar un programa de intermediación pública para facilitar las ayudas al alquiler, y regular los parques públicos de alquiler social para los que se reservará el 30 por ciento de las viviendas de promoción pública.

En cuanto a las medidas para la movilización de las viviendas protegidas de titularidad pública, con el firme compromiso de ayudas a los sectores sociales más afectados, se pretende conceder moratorias en el pago de las cuotas de compra y alquiler, se ofrece la amortización anticipada de la vivienda con una rebaja sustancial del precio de compra, reducir el precio de las viviendas sin adjudicar y reservar viviendas desocupadas para atender a quienes estén ya en riesgo de exclusión social.

En el apartado de acciones para la salida al mercado de las viviendas protegidas de titularidad privada con el fin de dar solución urgente al stock de viviendas acumulado, se establecen iniciativas para hacer más accesibles las viviendas a grupos más amplios de población. Entre ellas cabe señalar la adaptación del precio a la situación actual y la flexibilización de los requisitos de adquirentes y arrendatarios.