Los partidos de la oposición en Aragón, PSOE, IU y CHA, presentarán en agosto un recurso ante el Tribunal Constitucional contra la Ley de Lenguas promovida por el Gobierno aragonés, PP-PAR.

La iniciativa cuenta con más de 60 firmas en el Congreso de los Diputadas, con sus poderes notariales, 50 son de diputados del grupo parlamentario socialista y 11 de Izquierda Plural.

Además, varios partidos se han ofrecido para colaborar con una firma "testimonial" como el Partido Nacionalista Vasco (PNV). Así lo ha explicado, este lunes en una rueda de prensa en las Cortes, el diputado en el Congreso por la Izquierda de Aragón, Chesús Yuste, quien ha destacado que se trata de una iniciativa "aragonesa".

En concreto, el recurso lo ha elaborado un equipo jurídico de la Universidad de Zaragoza, encabezado por el profesor de Derecho Administrativo, Ángel Garcés. El plazo para presentarlo expira el 24 de agosto, según Yuste, se presentará a mediados del próximo mes.

Por su parte, el profesor Ángel Garcés ha considerado que "no solo se ha vulnerado la Constitución y el Estatuto de Autonomía de Aragón de 2007, sino que se han vulnerado textos internacionales de la UNESCO, de Naciones Unidas y del Consejo de Europa".

Así, ha añadido que "no toda aberración filológica es una aberración jurídica y, no toda aberración jurídica, es una aberración constitucional, por lo que nos hemos basado en textos jurídicos". Por otro lado, ha indicado que, la Ley de Lenguas de 2009, "es una ley de mínimos, basada en la tolerancia, daba visibilidad y reconocimiento a las lenguas propias aragonesas frente al desconocimiento oficial que da esta nueva ley".

El profesor de derecho administrativo ha señalado que "los derechos básicos tienen un principio regulador, que es el de irreversibilidad, por lo que el legislador tiene unas líneas rojas que no le permiten desregularlos y, por tanto, se esta vulnerando el principio de no regresión y el de irreversibilidad".

De esta forma, ha agregado que "el castellano esta en la cúspide y tenemos el deber y derecho a utilizarlo, pero en la escala oficial se encuentran por debajo estas lenguas".

Ángel Garcés ha mencionado que el área geográfica donde se habla cada lengua va a depender de los cambios políticos, tanto en los municipios como en el Gobierno de Aragón, que se decidirán en estas instituciones. También, ha hecho referencia a una "discriminación" a los hablantes de las lenguas minoritarias, ya que se relegan al ámbito privado.

El profesor ha concretado que elaborar la demanda ante un organismo como el Tribunal Constitucional "no es lo mismo" que un contencioso administrativo sino que tiene que admitirse a tramite y, "es posible" que hasta dentro de diez o doce años no se produzca el fallo. Sin embargo, cree que "hay muchas posibilidades de su admisión".

La oposición

El senador por el PSOE y miembro de la Comisión Ejecutiva Regional del PSOE Aragón, José María Becana, ha expuesto que "en el PSOE han firmado todos los diputados aragonesas y, además, Vicente Guillén —secretario general provincial del PSOE-Teruel— se ha ocupado de que todas las comunidades autónomas estén representadas en este recurso, ya que la pluralidad responde a un principio básico en la ideología del partido socialista".

Becana ha opinado que, la ley de 2009, era una ley de "mínimos" pensada para que saliera apoyada por todos los partidos y "no sólo por el empecinamiento de un grupo".

Dicha norma "sólo reconocía derechos y apoyaba la pluralidad, el Gobierno sólo tenía que determinar el grado de aplicación de la ley, pero lo que ha hecho es más grave, ha renacido algo peor que el franquismo porque lo que hace es atacar a las lenguas en su punto más débil, haciendo que desaparezcan".

Por su parte, el presidente de Chunta Aragonesista, José Luis Soro ha apoyado la iniciativa, dado que "distintos juristas colaboradores de los grupos parlamentarios están estudiando el recurso y les ha parecido que reúne las condiciones requeridas para que salga adelante".

Además, confiado en que para cuando el Tribunal Constitucional de su veredicto "ya se hayan reconocido los derechos lingüísticos de los aragoneses".

Derechos fundamentales

El portavoz del grupo parlamentario y coordinador general de Izquierda Unida en Argón, Adolfo Barrena, ha sostenido que IU forma parte de este proyecto porque "creemos que es una cuestión de derechos fundamentales de la ciudadanía".

También ha incidido en que cerca del "7 por ciento de los aragoneses, unas 100.000 personas, además de castellano hablan catalán y aragonés".

Por último, ha defendido que las dictaduras "se han preocupado de hacer desaparecer las lenguas minoritarias para eliminar el sentimiento de identidad de cada región". y ha agregado que "hay que revertir la situación y hacer que emerjan estas lenguas".