Otegi
El histórico portavoz abertzale, Arnaldo Otegi. Ángel Díaz / EFE

La Audiencia Nacional ha excluido del juicio sobre la supuesta financiación de ETA a través de las herriko tabernas, que comenzará el próximo 17 de octubre, al exportavoz de Batasuna Arnaldo Otegi y a otros tres procesados, por haber sido ya juzgados por el delito de pertenencia a banda armada.

La sección segunda de la Sala de lo Penal ha adoptado en un auto esta decisión, a instancias de la Fiscalía, al constatar que esta causa es "cosa juzgada" para Otegi, José Luis Elkoro, Joseba Mikel Garmendia y Josu Imanol Cortázar de Pipaón, que ya han sido juzgados o condenados en otros procedimientos por el delito de integración en ETA.

Los dos primeros fueron juzgados por intentar reconstruir la ilegalizada Batasuna a través del grupo Bateragune, hechos por los que Otegi fue condenado a diez años de prisión y Elkoro a 12 años.

Garmendia, por su parte, fue absuelto tras ser juzgado por integrar la asamblea de electos de Batasuna, Udalbiltza-Kursaal, mientras que Cortázar fue condenado por un delito análogo en Francia.

"Cosa juzgada"

El fiscal Vicente González Mota acogió la alegación de la defensa de Otegi, que entendía que no se le podía juzgar por las herriko tabernas al haber sido condenado ya por Bateragune, hechos por los que permanecerá en prisión hasta 2016, a no ser que el Tribunal Constitucional admita el recurso que interpuso contra esa sentencia.

Ese mismo argumento, el de "cosa juzgada", al que se opuso la acusación que ejerce en esta causa la Asociación Víctimas del Terrorismo (AVT), lo esgrimió también el fiscal en el caso de los otros tres procesados en similar situación a Otegi y pidió a Cortázar que aportara la documentación para acreditar su proceso en Francia.

Un acusado murió, otro está preso en Francia y Josu Ternera está huidoLa Sala, que recoge jurisprudencia del Tribunal Supremo, entiende que "la identidad sustancial" reside en la propia pertenencia y no en los hechos concretos que servirían como nueva prueba de ese delito, por lo que por esta causa sobre las herrikos se sentarán en el banquillo 36 acusados, once años después de que el juez Baltasar Garzón comenzara a instruir este sumario.

Además, "hay que tener en cuenta que el delito que nos ocupa es el de pertenencia o integración en organización terrorista, que es un delito de mera actividad, que es cosa distinta", señala.

Esto significa, añade la Sala, que "esos hechos concretos serían instrumentales de cara a la definición de delito permanente" de pertenencia a organización terrorista, ya que "no ha mediado acto alguno de interrupción que permita diferenciar dos tramos cronológicos diferenciados". Esto es que "no ha mediado ni ruptura, separación, cesación o exclusión de ETA", agrega.

Once años de proceso

El juez Baltasar Garzón abrió este sumario en 2002, en 2008 lo concluyó y, en 2010, la Fiscalía de la Audiencia Nacional remitió a la sección segunda el escrito de acusación contra los exdirigentes de Batasuna Arnaldo Otegi, Joseba Permach, Rufino Etxeberria y otros 37 procesados por esta posible financiación de ETA a través de las herriko tabernas.

Por estos hechos, la Fiscalía pedía para Otegi doce años de cárcel por pertenencia a ETA en grado de dirigente, la misma pena que solicita para Permach y Etxeberria. Pide además diez años de cárcel para otros veinte miembros de la formación ilegalizada por un delito de integración en ETA, mientras que para los imputados restantes pide ocho años de prisión por colaboración.

Según la Fiscalía, las 'herriko tabernas' movían 15 millones de euros anualesPese a que eran 43 los procesados dentro de esta causa, el fiscal, tras excluir a cuatro de ellos, acusa ya solo a 36, ya que Jon Idígoras murió en 2005; Juan Antonio Urrutikoetxea, alias Josu Ternera, permanece huido y Jon Salaberria está preso en Francia desde mayo de 2008.

El patrimonio de las herriko tabernas, a través de las cuales, presuntamente, se financiaba la banda terrorista ETA mediante la subordinación de Batasuna, superaba los 12 millones de euros y tenía unos movimientos anuales estimados en unos 15 millones, según la Fiscalía.