El conseller de Salud de la Generalitat, Boi Ruiz, se ha comprometido a encargar este año un nuevo código ético para la sanidad al consejo de presidentes de empresas públicas y consorcios sanitarios de Catalunya. Esto consejo, adscrito al Servicio Catalán de la Salud (CatSalut), "recibirá el encargo de consensuar los elementos comunes de un código ético de buenas prácticas" que sea compartido por toda la sanidad pública catalana.

Ante la comisión del Parlament que investiga la sanidad catalana, y como cierre de las comparecencias que se han sucedido durante dos meses, Ruiz ha asegurado también que durante este año las empresas públicas y los consorcios —que reciben transferencias de dinero público por parte del CatSalut para la atención médica— "harán efectiva su salida de cualquier participación en sociedades mercantiles ajenas a sus finalidades de servicio público y de sus consejos de administración".

El conseller ha asegurado que esta salida ya ha empezado a aprobarse en los órganos de gobierno de las diferentes empresas y consorcios, tras ser solicitado en 2012, y ha garantizado también que el CatSalut "atenderá a las recomendaciones" que aprueben los partidos en el seno de la comisión del Parlament.

A Ruiz le precedieron el presidente del Colegio Oficial de Médicos de Barcelona (Comb), Miquel Vilardell; el profesor de Esade Manel Peiró; el representante del Centro de Investigación en Economía de la Salud de la Universitat Pompeu Fabra (UPF) Jaume Puig-Junoy y el presidente de la Comisión Técnica de la Central de Balances, Joan Casas, todos ellos en calidad de expertos.

Los diputados han abordado en la comisión las presuntas irregularidades dadas a conocer en los últimos meses, algunas de ellas bajo investigación judicial y con diversos gestores imputados, y han podido escuchar a algunos de los protagonistas de estos casos, quienes han remarcado que actuaron bajo la legalidad vigente.

Así, las comparecencias se han centrado especialmente en el caso Innova, que investiga la construcción del Hospital Sant Joan de Reus y el holding municipal homónimo; la arquitectura de gestión del Hospital Sant Pau de Barcelona y la construcción del nuevo edificio, y la actuación de la patronal Consorcio de Salud y Social de Catalunya (CSC), especialmente en lo relativo a la Corporación de Salud Maresme y La Selva y las adjudicaciones al Grupo Serhs.

Por la comisión celebrada en el Parlament han desfilado la exconsellera de Salud de la Generalitat durante el Govern tripartito, Marina Geli; los exdirectores del Servicio Catalán de la Salud (CatSalut), Carles Manté y Josep Maria Sabaté, y el expresidente del Instituto Catalán de la Salud (ICS), Josep Prat.

También han comparecido diversos imputados en causas judiciales, como Prat y Manté, el exalcalde de Lloret de Mar (Girona) y actual diputado Xavier Crespo (CiU), el exalcalde de Reus Lluis Miquel Pérez (PSC), el arquitecto Jorge Batesteza y exgerentes vinculados al Sant Pau, como Ricard Gutiérrez y Jordi Varela.

Entre los convocados como expertos, el director de la Oficina Antifraude de Catalunya (OAC), Daniel de Alfonso, ha advertido que en el sistema sanitario catalán "hay un manejo de lo público desde lo privado en beneficio de lo privado", por lo que ha animado a los diputados a fijar incompatibilidades y ser más estrictos en los controles.

De hecho, los comparecientes han reconocido la posibilidad de introducir mejoras, como el control previo del gasto que se destina a cada centro, no solo posteriormente, al entender que la judialización de diferentes casos apunta a que algo ha fallado.

La sanidad catalana se basa en las asignaciones económicas que hace el Servicio Catalán de la Salud (CatSalut) a cada centro, que actúa como si fuera una aseguradora pública, en base a objetivos y políticas diseñados por la Conselleria de Salud, también en el caso del Instituto Catalán de la Salud (ICS) —el conglomerado público que aglutina los ocho hospitales de la Seguridad Social y la mayoría de ambulatorios—.

La provisión de servicios, no obstante, está en manos de entidades con figuras jurídicas diversas, mayoritariamente sin ánimo de lucro, y con un origen municipal, comarcal o religioso, un sistema que tiene su origen en entidades de base asociativa que, como en el caso del Sant Pau, surgieron hace siglos.