La Asociación de Maltratados por la Administración (AMA) ha reclamado este sábado "regulaciones y legalizaciones" como se ha conseguido con Vuelta Ostrera, infraestructura que para los afectados por sentencias de derribo es "un símbolo" de que "si se quiere, se puede".

"Pedimos los mismos derechos que tiene una depuradora y pedimos al Gobierno de España que legisle para respetar nuestros derechos", ha clamado el presidente de AMA, Antonio Vilela, en un acto reivindicativo que ha realizado la Asociación en la Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR) de Vuelta Ostrera, en donde se han concentrado 200 afectados tras concluir el 'tour' contra las sentencias de derribo que ha llevado también a los afectados por las localidades de Escalante, Argoños y Arnuero.

El consejero de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Urbanismo, Javier Fernández, ha estado presente en este acto, en el que también han estado los alcaldes de Argoños, Miengo y Piélagos, Juan José Barrotabeña, Avelino Cuartas y Enrique Torre, respectivamente, así como el concejal de Suances, Guillermo Blanco, según ha indicado Vilela en declaraciones a Europa Press.

Los afectados también han solicitado al Ejecutivo regional que sus actuaciones "no se queden en titulares de prensa y que sean acciones reales con resultados y soluciones definitivas". También se han dirigido a los ayuntamientos para pedirles que "no se duerman y que pongan los medios y recursos necesarios" para que la nueva Ley de Costas "no sea una oportunidad perdida ni una ficción para simplemente acallar las protestas de los afectados".

Por otro lado, han pedido a la Asociación para la Defensa de los Recursos Naturales de Cantabria (ARCA) que tenga una "actitud positiva y colaboradora" para que, tanto en el caso de AMA como de Vuelta Ostrera, "el diálogo sea la base para el entendimiento y la solución de conflictos". "Nosotros les tenemos la mano tendida", ha añadido Vilela.

También han hecho una solicitud a los jueces, que es que "hagan justicia y acaben con el sufrimiento de las víctimas", porque AMA sólo reclama que los afectados puedan "vivir en paz" y "olvidarse de la pesadilla que durante años viven cientos de familias machacadas por las administraciones públicas".

Autorización provisional a más de 400 VIVIENDAS

El consejero de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Urbanismo, Javier Fernández, ha intervenido para indicarles que el Gobierno estima que en un año más de 400 viviendas puedan contar con autorizaciones provisionales con la nueva figura urbanística, de la que ha dicho que puede ser "la tabla de salvación" para la "inmensa mayoría" de las familias afectadas.

También les ha lanzado un mensaje de "apoyo y optimismo" y les ha instado a seguir trabajando junto al Ejecutivo y los ayuntamientos para "encontrar entre todos una solución definitiva". "Durante estos dos años hemos seguido un mismo camino y hemos trabajado juntos desde el principio para encontrar una solución", y ha recordado el Plan de Ejecución de las Sentencias de Derribo fijado al inicio de la legislatura como una "hoja de ruta" a seguir para legalizar la mayoría de las viviendas.

Fernández ha señalado que este camino de trabajo conjunto ha sido "difícil y lento", "con momentos de alegría y amargura", pero se ha mostrado "optimista" con la solución propuesta a través de Ley 4/2013, de 20 de junio, relativa al régimen jurídico de las autorizaciones provisionales de edificaciones o actuaciones preexistentes.

Aunque es un nuevo mecanismo legal, "novedoso" en el país, "no va en contra de las sentencias", ha señalado, sino que "busca justicia al plantear que una edificación que va a encontrar un acomodo legal en un plan de ordenación urbana no se derribe".

Hasta la aprobación definitiva del plan, las familias afectadas tendrán una autorización provisional que dentro de unos años, ha afirmado el consejero, se convertirá en licencia definitiva.

El calendario que prevé el Gobierno es que en septiembre se obtenga la primera autorización provisional en el Ayuntamiento de Miengo para legalizar unas 100 viviendas. A lo largo de este año y el próximo se sucederán otros procedimientos de este tipo en Escalante, San Vicente de la Barquera, Piélagos y Argoños.

Por ello, el consejero ha instado a todos a seguir trabajando, "sin prisa, ni precipitaciones" para que antes de acabe la presente legislatura ofrecer a los jueces "un instrumento legal, sensato y razonable, de puro sentido común, que va por fin a hacer justicia: que lo que encaje en los planes urbanísticos no se puede tirar".

'TOUR'

De ama

Antes de este acto, los integrantes de AMA han recorrido los ayuntamiento de Escalante, Argoños y Arnuero, donde han sido recibidos por sus respectivos alcaldes, Juan José Alonso, Juan José Barrotabeña y José Manuel Igual.

La movilización ha comenzado, a las 10.00 horas, en Escalante, donde el regidor ha mantenido un encuentro con representantes de AMA, encabezados por su presidente Antonio Vilela, quien en declaraciones a Europa Press ha señalado que Alonso les ha avanzado que un año espera aprobar el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) para poder dar "solución" a los afectados por sentencias en este municipio.

Asimismo, a las 11.00 horas, el 'tour' de AMA ha recalado en Argoños, donde se han reunido con Barrotabeña a quien le han pedido al igual que al resto de regidores municipales, "celeridad" para aprobar las autorizaciones provisionales. Éste les ha avanzado que este lunes, 29 de julio, finaliza la exposición pública del PGOU de Argoños y que espera que en un año y medio tener una solución para las 263 viviendas del municipio afectadas por sentencias de derribo.

A las 12.00 horas, la comitiva de AMA ha llegado a Arnuero donde Igual les ha comunicado que el Ayuntamiento "está trabajando" en el marco de un acuerdo con los demandantes y ha asegurado que en octubre el PGOU estará listo para aprobarse.