La deuda de las empresas y entidades públicas de la Administración asturiana no incluidas en la cuenta general aumentó en el ejercicio 2011 un 16%, motividad principalmente por la deuda acumulada en dos de ellas, la sociedad de gestión y promoción de suelo Sogepsa (38% del total de la deuda) y la gestora de infraestructuras Gispasa (36% del total).

Es una de las principales conclusiones del informe de la Sindicatura de Cuentas de Asturias aprobado este 25 de julio y dado a conocer este viernes a los medios en una nota de prensa. El mismo analiza la situación en el ejercicio 2011 de 53 sujetos (8 entes públicos, 4 entidades públicas, 13 fundaciones, 27 empresas públicas y la Universidad de Oviedo).

Según la nota, "el endeudamiento financiero para el total de sujetos que constituyen el ámbito subjetivo del informe (un total de 53 entes es de 501,2 millones de euros (un 16% más que en el ejercicio 2010), motivado principalmente por el incremento de endeudamiento de las empresas públicas". Así, se destaca el grado de concentración del endeudamiento en estas últimas y, particularmente, en dos: SOGEPSA (38% del total) y GISPASA (36%).

Se apunta también el "alto grado de dependencia financiera de las transferencias recibidas (principalmente de la propia Administración del Principado de Asturias y de sus entes y/o organismos dependientes) cuestiona la sostenibilidad de las entidades en caso de insuficiencia o recortes en estas partidas, como consecuencia de las medidas de contención del déficit público". "La excepción es el Consorcio de Transportes, el cual posee capacidad de autofinanciación por los ingresos procedentes de la propia prestación de sus servicios", apunta el informe.

Las conclusiones del informe señalan, entre otras cuestiones de detalle, que 26 entidades (49%) rindieron sus cuentas de 2011 en el plazo legalmente establecido; 22 lo hicieron fuera de plazo y 5 no rindieron. La mayor parte de las incidencias se relaciona con omisión de información en la memoria.

Se detecta también un "empeoramiento del resultado económico-patrimonial del agregado de entidades (no así en la Universidad de Oviedo y en las fundaciones públicas)", motivo de la bajada de ingresos por las menores transferencias de la Administración y por el propio contexto de crisis económica actual (menores ingresos de mercado para empresas y fundaciones públicas).

Todas las entidades, empresas y fundaciones públicas con obligación legal de auditarse en el ejercicio 2011 han cumplido con dicha exigencia, apunta el documento.

El informe realiza una serie de recomendaciones, entre las que destacaría la aprobación de una nueva Ley de Hacienda. "Esta reforma debería incluir una delimitación de las unidades del Sector Público administrativo, empresarial y fundacional, así como una fecha de rendición de cuentas de la integridad del Sector Público asturiano", señala la nota.

Se plantea también una actualización del plan de contabilidad pública a la normativa contable nacional; una evaluación previa del riesgo de endeudamiento por las unidades que, a fecha actual, no consolidan en Contabilidad Nacional, pero sí podrían hacerlo en un futuro ante cambios en la ratio de ingresos por ventas sobre costes de producción; la homogeneización de estructuras y contenidos de las instrucciones generales de contratación, así como elaboración de un informe técnico para dotar de mayor seguridad jurídica; y con respecto al seguimiento de recomendaciones de ejercicios anteriores, el informe recuerda que el Principado de Asturias ha aprobado la Ley 1/2013, de 24 de mayo, de medidas de reestructuración del Sector Público autonómico.