El Pleno del Ayuntamiento de Sevilla ha aprobado este viernes inicialmente la Ordenanza contra la Contaminación Acústica, Ruidos y Vibraciones, con el voto favorable del PP y contrario del PSOE y de IU, una norma que el gobierno local asegura que supone la "adaptación" en este ámbito a las normativas andaluza, estatal y europea, primando el "consenso" y la "prevención" en la materia, y para la que habrá un periodo de alegaciones será de tres meses. Sin embargo, tanto PSOE como IU han coincidido en pedir la retirada de la norma por su "falta de consenso y de seguridad jurídica".

La ordenanza introduce novedades como la posibilidad de que un agente de Policía Local sancione o clausure un local si "estima" que supera los umbrales marcados por la normativa, sin necesidad de contar con un sonómetro o ir acompañado de un funcionario de Medio Ambiente, o la obligación de que las actividades emisoras de ruido dispongan, además de controladores del ruido, de un centro de transmisión de datos en tiempo real que remitirá la información al Consistorio para facilitar la inspección y control a distancia. Además, recoge sanciones que van desde los 300 a los 300.000 euros, además de clausura o precintado de las instalaciones, entre otros.

El concejal de Urbanismo y Medio Ambiente, Maximiliano Vílchez (PP), cuya intervención ha sido interrumpida los integrantes de la Plataforma por el Derecho al Descanso que se encontraban en la sala, ha lamentado las críticas de la oposición que piden la retirada de la norma, asegurando que "no se han leído la ordenanza", y ha defendido la capacidad que se da a la policía, ya que "el agente no tiene que tener ningún sonómetro para comprobar que está algo fuera de lugar".

"¿Acaso se está dudando de la capacidad y la honorabilidad de la Policía Local?, se pregunta, tras recordar que la ordenanza ha sido analizada junto a las Asociaciones de Vecinos Plaza Salvador, Huerta de la Salud o Plaza de armas, junto a la Plataforma para el Derecho al Descanso y colegios oficiales de arquitectos, administradores de fincas e ingenieros.

Psoe alerta de "problemas de legalidad"

El portavoz del PSOE, Juan Espadas, ha pedido la retirada de la norma y ha criticado la "falta de consenso" de la norma que se presenta, advirtiendo de que en realidad no se "adapta" a las normas estatal, andaluza o europea, sino que "ya las incumple". Además, lamenta que se excluya el velador como elemento de emisión acústica y se pregunta cómo es posible que haya conseguido "enfadar con la ordenanza al del velador y al vecino".

"No se ha hecho ni el más mínimo intento de buscar una solución equilibrada a la situación de los veladores", sentencia, tras añadir que con esta ordenanza el empresario que quiera pedir licencia de un bar con velador no estará obligado ha realizar un informe sobre la medición de ruidos, por lo que "el funcionario después no tiene modo de saber si esos veladores generan problema acústico". Así, alerta de que se generarán "en cascada más problemas" con los ruidos y lamenta que el gobierno local haya encargado "fuera", a una consultoría, el borrador rechazando la propuesta de los funcionarios que suponía "la legalidad, el derecho al descanso, la seguridad jurídica y la protección de los vecinos".

Iu pide "equidad y sentido común"

En la misma línea, el portavoz de IU, Antonio Rodrigo Torrijos, apuesta porque la norma cuente con "equidad, sentido común y justicia" y ha pedido la retirada de la norma para convocar a todos los agentes implicados para cerrar las "incertidumbres". Así, pide más participación y garantizar el consenso, arguyendo que se ha realizado a espaldas de los sectores afectados.

Torrijos se pregunta también el porqué el Ayuntamiento ha "desconfiado" de los funcionarios para encargar el borrador a una consultoría. "¿Por qué esa tendencia a desconfiar de los funcionarios y gastar dinero público en consultoras y poner la hegemonía legislativa en manos de las consultoras", agrega.

En este contexto, ante las críticas sobre que la norma se haya desarrollado de forma externa, Vílchez ha alegado que los dos funcionarios a los que se le encargó "no se ponían de acuerdo". "Pasaba el tiempo y no salía y lo encargamos a una empresa externa por 20.000 euritos, no como los 200.000 euros que gastó la Junta. Creemos en los funcionarios, pero es una materia especializada", sentencia.