El Gobierno aprueba la reforma local con la oposición en contra y un nuevo cálculo de ahorro

La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría y los ministros de Hacienda, Cristóbal Montoro (i) e Interior, Jorge Fernández Díaz, durante la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Ministros.
La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría y los ministros de Hacienda, Cristóbal Montoro (i) e Interior, Jorge Fernández Díaz, durante la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Ministros.
BALLESTEROS / EFE

El Consejo de Ministros ha aprobado este viernes, con el rechazo de toda la oposición, el proyecto de ley sobre la reforma local que, inspirada en el principio de "una administración, una competencia", quiere clarificar y simplificar las competencias para evitar duplicidades y racionalizar la estructura organizativa municipal.

Garantizar un control financiero y presupuestario más riguroso y favorecer la actividad económica local con medidas liberalizadoras son otros de sus objetivos.

La referencia del Consejo recoge que la duplicación de competencias supone un aumento del gasto público municipal, de hasta los 13.223 millones, según el Instituto de Estudios Fiscales.

Por primera vez, se definen tanto las competencias propias como las delegadas, diferenciándolas de las del Estado y de las comunidades autónomas.

Se limita el alcance de las competencias a asuntos de interés exclusivamente local en materia de vivienda, turismo, servicios sociales (evaluación e información de situaciones de necesidad social o atención inmediata por exclusión social), sanidad (protección de la salubridad pública y relacionadas con cementerios y servicios funerarios) y educación (participar en el cumplimiento de la escolaridad obligatoria y cooperar con las administraciones educativas en la obtención de solares para la construcción de nuevos centros docentes).

Además, se produce una reordenación de competencias que hasta ahora se atribuían a los municipios.

Se potencia el papel de las diputaciones, que podrán coordinar determinados servicios mínimos obligatorios de los municipios de menos de 20.000 habitantes, mediante su prestación por la diputación o la implantación de fórmulas de gestión compartida, a menos que el municipio justifique que puede prestar estos servicios con un coste efectivo menor que el de aquellas.

Además, podrán asistir a los municipios en las facultades de gestión de la recaudación tributaria, la gestión financiera, la administración electrónica y la contratación centralizada.

En cuanto a los entes locales de ámbito inferior al municipio, deberán, en un plazo de tres meses, presentar sus cuentas ante el Estado y comunidades, ya que de lo contrario se disolverán e integrarán en los ayuntamientos de los que dependan.

En todo caso, no se permite la creación de nuevas entidades locales menores con personalidad jurídica propia. El texto incluye la propuesta del Consejo de Estado de alentar, sin obligar, las fusiones voluntarias de municipios que sean colindantes y estén dentro de la misma provincia.

Para ello, establece una serie de incentivos para el nuevo municipio fusionado, como una mayor financiación per cápita, dispensa temporal para no prestar los nuevos servicios que pudieran resultar obligatorios por su aumento poblacional o una preferencia temporal en planes de cooperación local de infraestructuras, obras, servicios y subvenciones.

Más trabas para la creación y escisión de municipios

Se promueve la gestión integrada o coordinada de todos los servicios de los municipios, de forma que, si generan unos ahorros mínimos, recibirán mayor financiación y se aumentan las trabas a la creación y escisión de municipios, que deberán contar con, al menos, cinco mil habitantes.

Según el Gobierno, la actuación pública tendrá la máxima transparencia y rigor en la gestión de los recursos, por lo que se aborda el régimen retributivo de los cargos públicos fijando como criterios la población y las retribuciones que reciben los secretarios de Estado (cien mil euros brutos anuales).

Igualmente, se fijan límites, en función de criterios poblacionales, al número de cargos representativos locales que pueden ejercer sus funciones en régimen de dedicación exclusiva y al personal eventual.

Se refuerza la función interventora en las entidades locales respecto a su función fiscalizadora y de comunicación de información con carácter anual al Tribunal de Cuentas y se habilita al Gobierno para establecer las normas sobre los procedimientos de control.

Todas las entidades locales deberán publicar el coste efectivo de sus servicios y ese criterio viene avalado por la notable mejora demostrada por la planta municipal española al comparar su liquidación presupuestaria del año 2011 y 2012, con un ahorro de 4.200 millones de euros, un 9,2 % menos del gasto liquidado en 2011.

Se introducen medidas liberalizadoras que favorezcan la actividad económica local y se suprimen monopolios que venían heredados del pasado, como lonjas y mercados.

La memoria económica que acompaña al proyecto de ley prevé un escenario de ahorro de 8.024 millones de euros para el periodo 2013-2019.

Ley de Cámaras de Comercio

El Consejo de Ministros también ha aprobado este viernes el Proyecto de Ley Básica de las Cámaras Oficiales de Comercio, Industria, Servicios y Navegación, que permitirá la continuidad del sistema cameral en España, con un nuevo sistema de financiación basado en la prestación de servicios y las aportaciones voluntarias.

Además, se convierte el Consejo Superior de Cámaras en la Cámara de Comercio de España y se refuerza el papel de estos organismos en el proceso de internacionalización y el impulso de la competitividad de las empresas españolas.

De acuerdo con el proyecto, las Cámaras se financiarán mediante los ingresos que generen sus propios servicios y por aportaciones voluntarias, aunque también podrán firmar convenios de colaboración con el Estado y las comunidades.

Entre las novedades del proyecto se encuentra la obligación de que sean públicas las retribuciones de los altos cargos de las Cámaras, así como la eliminación de la obligación de que haya una cámara oficial por provincia.

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