Harresiak Apurtuz-Coordinadora de ONG de Euskadi de Apoyo a Inmigrantes ha rechazado la orden de la Consejería de Salud por la que se establece el procedimiento para el reconocimiento de la asistencia sanitaria en el País Vasco a las personas que no tienen la condición de aseguradas ni de beneficiarias del Sistema Nacional de Salud, y se regula el documento identificativo y el procedimiento para su emisión, ya que "pone en cuestionamiento el carácter universal de la atención sanitaria debido al mantenimiento de requisitos restrictivos de acceso al sistema".

Por ello, la coordinadora ha invitado a los responsables de la aplicación de los procedimientos a "procurar la simplificación y atención coordinada y transparente de las demandas"

En el marco de la Campaña "La salud de la sociedad depende del derecho a la salud" los colectivos agrupados en Harresiak Apurtuz han manifestado, por un lado, el reconocimiento hacia "la implicación que está teniendo la legislación autonómica en materia sanitaria, a fin de dar cobertura a las personas inmigrantes en situación irregular, como elemento diferencial de la aplicación del RD 16/2012 que se está ejecutando en el resto del estado español desde hace más de un año".

Según ha dicho la coordinadora, entienden que esta línea de trabajo abierta por el Gobierno vasco pretende "garantizar la atención más amplia y posible a las personas inmigrantes en situación irregular" pero, por otro lado, creen que "no es suficiente", ya que, con la aparición el día 22 de julio de 2013, de la Orden que regula el Decreto 114/2012, "se deja en evidencia que en la Comunidad Autónoma Vasca no existe una atención universal".

Frente a las últimas declaraciones realizadas por el Departamento de Salud del Gobierno vasco, Harresiak Apurtuz ha asegurado que "se mantienen requisitos de acceso al sistema sanitario que son de reciente incorporación en la norma, básicamente un año de padrón, y que no están contempladas en el anterior decreto 26/1988, por el que se reconoce el derecho a la asistencia sanitaria prestada por Osakidetza a quienes carezcan de los suficientes recursos económicos y no estén protegidos por el sistema Seguridad Social".

Según ha denunciado, "se mantienen así la ciudadanía de primera, segunda y tercera categoría en función de la situación administrativa y con colectivos que quedan claramente excluidos de la atención".

Tras criticar que "se pierde la flexibilidad que había permitido hasta ahora la atención", la coordinadora ha señalado que "durante este año de puesta en marcha de los mecanismos provisionales de atención sanitaria para personas en situación irregular, la falta de objetividad en la aplicación de la normativa e interpretación de las directrices internas han generado un elevado grado de confusión y, evidentemente, de perjuicio para las personas".

Por ello, desde Harresiak Apurtuz y las 63 entidades sociales del ámbito de la inmigración que la conforman, han considerado "urgente retomar el reconocimiento del derecho a la atención sanitaria como un derecho universal e inalienable, en la línea manifiesta a finales de los 80 y, por tanto, eliminar los nuevos requisitos incorporados en este Decreto y Orden".

A su entender, es "imprescindible la toma de conciencia de que el reconocimiento a la atención sanitaria está siendo complicada, sobre todo para aquellas personas en situación más vulnerable".