La ponencia del Congreso que ha estudiado la Ley de Transparencia ha cerrado sus trabajos con la aprobación, con el apoyo del PP, del informe del proyecto, que entre otras novedades establece que las entidades privadas con un 40 por ciento de financiación pública tendrán que someterse a la norma.

Se rebaja así de un 50 a un 40 por ciento, como proponía CiU y UPyD, el porcentaje que será requisito para aplicar los criterios de publicidad que establece la ley, que ahora se remite a la Comisión Constitucional, que le dará su visto bueno el próximo día 31.

El ponente del PP, Esteban González Pons, ha explicado que además a partir de ahora quedarán sometidas a la Ley de Transparencia "absolutamente todas" las entidades que reciban más de 100.000 euros al año de dinero público por cualquier vía, lo que podría suponer que la Iglesia tenga que someterse a esos criterios.

Pons ha subrayado que "es una ley de transparencia completa, moderna", que entrará en vigor casi tal y como sale hoy de la ponencia.

En el ámbito del Buen Gobierno, se han corregido algunos aspectos previstos en el texto, a los que se oponían los grupos de la oposición.

Así, se ha aceptado también una enmienda de Convergencia i Unió, para que el régimen sancionador lo aplique "cada administración a sus cargos" y que las sanciones de inhabilitación no dependan del Ministerio de Hacienda, como en un principio se establecía.

"En ningún caso el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas puede llegar a aplicar el régimen sancionador a una autoridad local o autonómica", ha subrayado el diputado de CiU Jordi Jané al termino del encuentro.

Asimismo, se ha aceptado otra enmienda de los grupos nacionalistas gracias a la cual "ya nadie va poder sustituir a un cargo electo", elegido directamente por la ciudadanía, lo que iba "contra la normativa electoral".

El diputado del PNV Emilio Olabarría se ha declarado satisfecho con los avances que, a su juicio, se han conseguido en la ponencia, hasta el punto de que sólo queda una cuestión en la que los nacionalistas vascos no han visto colmadas sus aspiraciones.

Se trata de la propuesta del PNV que haya un reconocimiento del régimen especial de los territorios históricos del País Vasco y de que, es en el seno de la comisión mixta del concierto económico, donde se determinarán los límites máximos totales del conjunto de retribuciones de los cargos de gobierno de las entidades locales.

Olabarría ha considerado que es "una buena ley de transparencia", tanto desde la perspectiva de los mecanismos de control como desde los sujetos a quienes se aplica.