"Rescatar" el modelo público cien por cien del Servicio de Prevención y Extinción de Incendios en Castilla y León es la propuesta que los sindicatos UGT y CC.OO han realizado al consejero de Fomento y Medio Ambiente, Antonio Silván, al objeto de mejorar la eficacia del sistema y duplicar el número de horas de trabajo, y todo ello mediante la supresión de las empresas privadas subcontratadas con el fin de priorizar en "trabajo directo" los 22,5 millones de euros destinados a éstas últimas cada año.

La propuesta sindical, tal y como hoy han explicado los secretarios Regionales de Acción Sindical de CC.OO y UGT, Vicente Andrés y Evelio Angulo, respectivamente, ha sido bien acogida por el consejero del ramo, quien, según ambos sindicalistas, se habría comprometido a iniciar en septiembre las correspondientes negociaciones para modificar el actual modelo, vigente desde 2002, y que pasaría a aplicarse a partir de la siguiente campaña.

La necesidad de recuperar el sistema público parte del convencimiento de ambas organizaciones sindicales de que el actual, de carácter mixto, conformado por 1.200 funcionarios y personal laboral de la Junta y, por otro lado, mediante otro millar de empresas privadas que realizan trabajos de selvicultura preventiva y de extinción en caso necesario, se encuentra ya "agotado" y ha perdido eficacia, ya que las subcontratas "chupan" gran parte del presupuesto, un 38% de los 22,5 millones destinados a ellas en salarios, beneficios empresariales y el impuesto del valor añadido.

En este sentido, Vicente Andrés, de CC.OO, sostiene, en declaraciones recogidas por Europa Press, que la Junta debe tender hacia un modelo puro de gestión pública del servicio, suprimiendo esas empresas privadas "innecesarias", y reorganizarlo en aras a una mayor eficacia del mismo. Así, el sindicalista apunta que de esta forma, sin incrementar el presupuesto, se conseguiría duplicar el número de horas trabajadas y, de forma paralela, ir reemplazando y renovando la flota de autobombas y maquinaria, "un tanto ya obsoleta", de la Junta de Castilla y León.

"No se trata de acabar con estas empresas privadas, pues tienen otros nichos o yacimientos muy importantes relacionados con el sector forestal, tales como la madera o la micología", ha advertido Andrés, quien entiende que la Junta debería subrogarse el millar de trabajadores de éstas que integran las 103 cuadrillas que operan en Castilla y León para que pasaran a depender directamente de ella como personal laboral.

Menos efectivos y más superficie quemada

En la misma línea, su homólogo en UGT, Evelio Angulo, ha incidido en que con esta fórmula, que suprime las empresas "intermediarias", se contribuirá a mejorar de forma ostensible la prestación del servicio de prevención y extinción, máxime cuando, como así ha criticado, desde 2010 el número de efectivos se ha visto recortado en casi el 50 por ciento mientras que el número de hectáreas quemadas se multiplica por tres, en referencia a las 12.567 hectáreas arrasadas en 2010 y las 39.721 en las que fue preciso actuar en 2012.

Además, Angulo ha subrayado que con el nuevo sistema, cien por cien público, no sólo se duplicarán las horas de trabajo sino que se podrá realizar una renovación paulatina de la maquinaria de la Junta, a razón de 4,5 millones de euros al año. "De no hacerlo, nos encontraremos en unos años con unos trabajadores cada vez peor pagados y con unos medios materiales y técnicos totalmente obsoletos", ha pronosticado el sindicalista.

Asimismo, Ángel Rojo y Juan Manuel Ramos, de UGT y CC.OO, respectivamente, han aprovechado para, en un intento por remarcar el agotamiento del actual modelo, denunciar públicamente que el 95 por ciento de las empresas privadas a las que la Junta subcontrata trabajos silvícolas tiende a "descolgarse" del convenio colectivo del sector, lo que no sólo va en detrimento de sus condiciones económicas y laborales sino de la eficacia del servicio.