La justicia les ha dado la razón y ha condenado al Ayuntamiento a pagarles  más de 13.000 euros por consentir que estos aparatos siguieran funcionando, pese a que fue el mismo Consistorio el que los declaró ilegales.

Los aparatos, además de ruidos, «les privaron de vistas, luz solar, depreciaron el valor de su vivienda y les obligaron a dejar sin uso dos dormitorios de la casa que estaban próximos al foco de ruido».

Las oficinas colocaron «el cajón del aparato de aire acondicionado» enfrente de las ventanas de la pareja, según explicó su letrado. Además, las molestias eran continuas porque «las oficinas funcionaban mañana, tarde, sábados y festivos».