El consejero de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, Luis Planas, asiste este miércoles en Madrid a la Conferencia Sectorial de Agricultura y Desarrollo Rural en la que el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente y las comunidades autónomas definirán el modelo de aplicación en España de la nueva Política Agrícola Común (PAC), donde defenderá la actual ficha presupuestaria de la Comunidad y el modelo de regionalización del pago básico y rechazará trasvases de fondos entre pilares en la nueva PAC.

El consejero mantuvo este martes un encuentro en Sevilla con representantes de las organizaciones profesionales agrarias (Asaja, COAG y UPA) y de la Federación Andaluza de Empresas Cooperativas Agrarias (Faeca) con el objetivo de ultimar la propuesta andaluza que defenderá en Madrid.

La Junta ha recordado que esta negociación es clave para Andalucía, que es "la comunidad autónoma que más dinero recibe de la PAC, unos 2.000 millones de euros anuales y más de 270.000 agricultores beneficiados". El volumen de ayudas que ingresa es superior a la suma de los volúmenes de 13 comunidades autónomas y recibe más fondos de la PAC que 19 estados miembros.

Por ello, el objetivo prioritario de la Junta es que "se preserve la ficha presupuestaria actual, que permita que los agricultores y ganaderos andaluces mantengan su nivel de renta y garantice seguir realizando una actividad moderna, sostenible y competitiva".

El posicionamiento andaluz, consensuado con las organizaciones profesionales agrarias y Faeca, con quienes se ha respondido al cuestionario enviado por el Ministerio en el que se incluyen 52 preguntas sobre distintas cuestiones del modelo de aplicación de la PAC, se basa en defender un modelo de regionalización del pago básico, de forma que "depende de como se defina en este momento la unidad de convergencia de las ayudas, es decir 'la región', se podrá limitar en el futuro el efecto de la 'tasa plana', que en este momento se aplaza en el tiempo, pero que queda bajo los objetivos de la CE".

Para Andalucía, la comarca agraria "debe ser el punto de partida en la definición de región, con los usos agrarios homogéneos de la misma y teniendo en cuenta la intensidad de ayuda percibida por los beneficiarios".

También aboga por la limitación a nuevas superficies entrantes y de nuevos beneficiarios y demanda que las ayudas deben dirigirse "a los agricultores verdaderamente activos y las superficies con real actividad agraria y ganadera". En ese sentido, Andalucía plantea una ampliación de la lista negativa de entidades que 'a priori' no podrían recibir ayudas, así como la necesidad en el futuro de incorporar criterios adicionales de dedicación a la actividad agraria. Asimismo cree que hay que reforzar las exigencias de actividad agraria, introduciendo, por ejemplo, una carga ganadera mínima en los pastos y evitando el abandono de los cultivos.

Considera que la limitación o reducción progresiva de las ayudas a los grandes beneficiarios o 'capping' es "un mecanismo necesario para legitimar las ayudas a la agricultura ante la sociedad". Cree que los fondos del 'capping' detraídos en una región "deben incorporarse en el Programa de Desarrollo Rural de la correspondiente región para seguir financiando medidas para agricultores y ganaderos".

Asimismo, Andalucía indica que el pago redistributivo debe ser "un nuevo mecanismo voluntario para favorecer a las explotaciones que mayor empleo generan por unidad de superficie, aumentando las ayudas en pequeñas y medianas explotaciones". Para ello habrá de hacerse un análisis pormenorizado para determinar el nivel de presupuesto a ello destinado o la posible aplicación sectorial, "pero todo ello se debe hacer tras conocer el detalle del modelo de aplicación".

Considera que el régimen de pequeños productores "favorece la simplificación y es garantía de recursos para los beneficiarios que perciben menos de 1.250 euros", mientras que rechaza los posibles trasvases entre el primer (ayudas directas y medidas de mercado) y el segundo pilar (desarrollo rural).

Incorporación de jóvenes

Asimismo, para Andalucía, la incorporación de jóvenes "debe ser una prioridad en el primer pilar de la PAC" y considera "prematuro" abrir un debate sobre ayudas acopladas y ayudas a zonas con limitaciones naturales "sin conocer el resultado del modelo de aplicación".

La Junta y el sector andaluz cree que las medidas de gestión y regulación de mercado suponen "una prioridad que necesita mayor desarrollo y análisis en profundidad" y exige una política de desarrollo rural regional con los máximos niveles de subsidiariedad.

Respecto al desarrollo rural, la posición de Andalucía es que, dada la importancia de nuestro sector agroalimentario y del volumen de ayudas que recibimos, y sobre todo, las características de este sector, muy diverso y a su vez, diferenciado en muchos aspectos del resto de España, su diseño debe realizarse "esencialmente a través de un programa regional robusto y potente". Considera que la comunidad autónoma "tiene la dimensión suficiente y las necesarias capacidades para poder definir e implementar un PDR autonómico que recoja todas las medidas establecidas en el futuro Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (Feader)".

Se opone "rotundamente" a la existencia de un programa de desarrollo rural de ámbito nacional, así como a la definición de un marco nacional "que introduzca rigideces innecesarias a los programas regionales", aunque se admitiría un programa dedicado al fomento de la integración cooperativa entre entidades de distintas comunidades autónomas.

Considera asimismo que el reparto del presupuesto de desarrollo rural "debe tener en cuenta el histórico recibido por cada comunidad autónoma, como elemento de estabilidad, así como la casuística especial de las regiones menos desarrolladas y en transición". Asimismo, los dos criterios fundamentales a tener en cuenta, a la luz de la situación económica actual, son el empleo agrario y el PIB/per cápita de cada comunidad autónoma.