Feministas canarias dicen que el veto a la reproducción asistida atenta contra el derecho a ser madre

La Plataforma de Acción Feminista Canaria ha mostrado su rechazo a la propuesta del Ministerio de Sanidad de excluir a lesbianas y mujeres sin pareja de la reproducción asistida porque es una medida "discriminatoria" y "atenta" contra el derecho de las mujeres a la diversidad afectivo-sexual y a decidir libremente sobre su maternidad.

La Plataforma de Acción Feminista Canaria ha mostrado su rechazo a la propuesta del Ministerio de Sanidad de excluir a lesbianas y mujeres sin pareja de la reproducción asistida porque es una medida "discriminatoria" y "atenta" contra el derecho de las mujeres a la diversidad afectivo-sexual y a decidir libremente sobre su maternidad.

Para la Plataforma, que esta constituida por asociaciones de mujeres, secretarías de la mujer de los sindicatos, colectivos LGBTIQ y otras entidades sociales comprometidas con la igualdad de género, el Gobierno del PP pretende con esta propuesta "imponer una vez más su concepto de familia tradicional, ignorando la diversidad afectiva, sexual y familiar existente en la sociedad".

Añade, además, que se trata de una medida de "marcado carácter ideológico", fruto de una ideología "machista y heteropatriarcal" que "veta" el derecho de las mujeres a decidir sobre su maternidad de forma "libre e independiente" y que "retrotrae a etapas ya superadas".

Las organizaciones feministas han destacado, asimismo, que la propuesta del Ministerio perjudica principalmente a las mujeres con escasos recursos económicos, que no pueden permitirse acudir a la sanidad privada para ejercer su derecho a la maternidad, generando una "profunda desigualdad" en el acceso a los tratamientos de reproducción asistida.

Con respecto a la pretensión de excluir a las parejas de mujeres lesbianas, han querido recordar que existen sentencias que declaran inconstitucional dicha medida, como la emitida recientemente por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Asturias, que acaba de dar la razón a una mujer lesbiana a la que la sanidad pública asturiana denegó un tratamiento de fertilidad en el año 2011 y que tuvo que acudir a la sanidad privada.

Ahora, el Tribunal le ha reconocido el derecho a recibir la prestación en un servicio público y ha obligado al Gobierno de Asturias a pagarle el coste de la inseminación que le practicaron en una clínica privada, añade la Plataforma.

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