El PSOE-A ha iniciado este martes una campaña informativa con la que quiere exigir al Gobierno central "una PAC más justa para una Andalucía más fuerte". Se trata de una acción que, bajo este lema, pretende informar a los andaluces de que "la PAC negociada por el PP no es buena para Andalucía" y, para ello, combinará actuaciones en el territorio como el reparto de folletos en las zonas con mayor incidencia de esta reforma, con la difusión de material informativo y videos a través de las redes sociales.

Según ha indicado el PSOE-A en su web, la reforma de la PAC negociada por el Gobierno del PP "pone en riesgo la agricultura andaluza", ya que los cambios previstos "serán muy lesivos para el campo" de la comunidad y provocarán "un daño irreparable a un sector fundamental para la economía de nuestra tierra".

Entre otros motivos, los socialistas rechazan esta reforma "porque recorta el presupuesto comunitario para la PAC y por tanto las ayudas; porque discrimina y permite que un agricultor español siga recibiendo un 69 por ciento menos de ayudas PAC que un francés, un alemán o un británico; porque desregula el mercado, elimina cuotas de producción y derechos de plantación, y porque, además de no defender a los agricultores activos, que generan empleo y desarrollo en el medio rural, favorece a los que tienen más hectáreas, aunque no produzcan".

Además, el PSOE-A también advierte de que la nueva PAC "reduce las ayudas por hectárea y por activo, por efecto de la reducción presupuestaria y el sistema de capas; elimina el tope de ayudas por explotación para los grandes perceptores, favoreciendo una vez más a los que más cobran; y pone en peligro al sector agrario".

En definitiva, según resumen los socialistas, "porque puede producir el desmantelamiento de un sector estratégico para nuestra economía, que es la base de nuestra producción alimentaria y que genera empleo y riqueza a pesar del momento de crisis que estamos viviendo".

Por todo ello, el PSOE-A reivindica el mantenimiento del presupuesto para Andalucía —que asciende a unos 2.000 millones de euros anuales—, así como que se evite dar ayudas a beneficiarios sin actividad, que se impida la entrada a nuevas superficies en el sistema de ayudas (especialmente pastos sin actividad) y, en general, que se apoye una actividad agroalimentaria competitiva, innovadora, sostenible, productiva y generadora de empleo.