El Tribunal Supremo (TS) ha confirmado la condena de cuatro años de prisión impuesta al exconseller de Turismo del Govern y exvicepresidente del Consell de Mallorca Miquel Nadal, en el marco del llamado caso Voltor, por auspiciar la contratación fraudulenta del exalcalde de Sóller Tomás Plomer por unos servicios que no le entrañaban trabajo alguno, pero por los que cobró 13.080 euros públicos como gratificación por las labores que sí había realizado en favor de la extinta Unió Mallorquina (UM).

El Alto Tribunal ha desestimado así el recurso de casación que interpuso la defensa de Nadal contra la sentencia dictada por la Audiencia Provincial de Baleares. Se trata además de la segunda condena que pesa sobre Nadal, después de que ya fuera condenado a dos años y siete meses de prisión en el marco del llamado caso Maquillaje por un desvío de 240.000 euros públicos a la productora que controlaba junto a la expresidenta del Consell Maria Antònia Munar, a través de testaferros, mientras ambos eran máximos responsables de la Institución insular.

La sentencia de la Audiencia, ahora confirmada, consideraba probado cómo Nadal decidió favorecer económicamente con 12.000 euros públicos más IVA a Plomer por los servicios que éste había realizado para UM sin contraprestación alguna, al tiempo que se aseguraba la fidelidad del exalcalde de Sóller para eventuales cuestiones políticas futuras.

Nadal es, además, el exalto cargo público de Baleares que se encuentra imputado en un mayor de casos: se trata, además de Voltor y Maquillaje, de los casos Son Oms, Can Domenge, Llompart, Ibatur y en una séptima centrada en la presunta financiación ilegal de UM.

Se da la circunstancia además de que, en el marco del caso Voltor, Nadal fue arrestado en febrero de 2010 mientras ostentaba los cargos de consejero de la Consejería de Turismo y concejal en el Ayuntamiento de Palma. Sin embargo, no fue su única detención puesto que en junio de 2011 volvería a ser privado de libertad dentro del caso Ibatur, cuyas pesquisas se centraban hasta entonces en otro supuesto desvío de millones de euros públicos en la última legislatura de Jaume Matas, para posteriormente extenderse a la actuación de UM.