La Inspección Provincial de Trabajo en Cuenca ha realizado, en lo que va de año, 110 inspecciones en Cuenca con apoyo de la Guardia Civil y la Policía Nacional y se han detectado siete empresas ficticias, con la anulación de nueve códigos de cuenta de cotización y 239 altas de trabajadores anuladas.

Asimismo, ha determinado la comprobación de siete infracciones a empresas y ocho infracciones a trabajadores por percepción de prestaciones indebidas (paternidad, maternidad, incapacidad temporal) y obtención o renovación fraudulenta de autorización administrativa para trabajar. En este primer semestre, se han realizado seis expulsiones cualificadas, según ha informado la Subdelegación del Gobierno en nota de prensa.

El subdelegado del Gobierno en Cuenca, Ángel Mariscal, ha presidido la reunión para dar cumplimiento al convenio aprobado por los Ministerios de Empleo y Seguridad Social e Interior el pasado 30 de abril, dentro de las líneas de acción del Plan de lucha contra el empleo irregular y el fraude a la Seguridad Social junto con la jefa de la Inspección Provincial de Trabajo, Nuria Chust, el coronel jefe de la Comandancia de la Guardia Civil, Amador Escalada, el comisario accidental, Francisco Collado y el jefe de la Brigada de Extranjería, Javier Mayordomo.

Este convenio fue aprobado por el Consejo de Ministros el pasado 27 de abril y tiene como principal objetivo la acción contra comportamientos que atentan contra los derechos de los trabajadores y que afectan negativamente a la competitividad de las empresas que cumplen con sus obligaciones legales.

Con la creación del grupo operativo se refuerza la colaboración entre Inspección de Trabajo, Policía Nacional y Guardia Civil y tendrá entre sus principales objetivos la persecución de empresas ficticias, la simulación de relaciones laborales en empresas reales, el empleo de extranjeros sin autorización de residencia y trabajo y demás supuestos de irregularidades graves en extranjería, fraude en obligaciones y prestaciones en Seguridad Social, tráfico de personas y trata de seres humanos para explotación laboral, entre otros.

De esta forma se pretende impulsar el afloramiento de la economía sumergida, a fin de regularizar las condiciones de trabajo y generar mayores recursos económicos para el Sistema de la Seguridad Social, por el pago de cotizaciones sociales, preservando mejor los derechos de los trabajadores.