El BNG ha registrado una iniciativa en la Cámara autonómica en la que denuncia por "discriminatoria" la reforma energética impulsada por el Gobierno central y propone establecer una tarifa eléctrica gallega que reduzca "en un 30 por ciento" los "peajes" del sistema para los consumidores de la comunidad, "excedentaria" en la producción.

El objetivo de los nacionalistas, que están dispuestos a negociar con el resto de los grupos del Pazo do Hórreo los detalles de esta propuesta, es que los gallegos paguen "un precio sensiblemente inferior" al de otras autonomías.

Igualmente, la proposición no de ley que presentaron este lunes en rueda de prensa la diputada autonómica del Bloque Carme Adán y su compañera en el Congreso Rosana Pérez también aboga por "eliminar la penalización en la factura de la luz" a los gallegos de los tributos propios y "recuperar" un marco normativo que potencie las energías renovables.

Pérez ha esgrimido que el proyecto estatal incide en "no reducir" el déficit tarifario, además de "hacer recaer la responsabilidad del mismo" en las eólicas, y ha denunciado que elevará la factura a los consumidores y a la industria. Adán ha abundado en este extremo y ha subrayado que se trata de una reforma "discriminatoria" para Galicia.

"Siendo Galicia excedentaria y produciendo entre un 30 y un 40 por ciento más de lo que consume, según el año, pagaremos más por el recibo de la luz", ha reflexionado Adán, para añadir que los gallegos harán frente a una tarifa "más cara" que en otras comunidades como Madrid.

"golpe" para la industria

Asimismo, ambas diputadas han incidido en el "golpe" que supone para el sector industrial, no sólo por el incremento del precio de la energía, sino por la supresión de las primas a las energías renovables, cuando el eólico es un sector "clave" para la comunidad. "Es una reforma hecha contra las familias y la industria, que es especialmente discriminatoria con Galicia", ha incidido Adán.

Al tiempo, Pérez ha ratificado que el BNG se opondrá "frontalmente" en el Congreso a la reforma energética del gobierno, puesto que supone la "estocada final" para consumidores, industria y renovables, además de "arrebatar" competencias a las autonomías con la "penalización" por los tributos propios.

Asimismo, la parlamentaria en el Congreso ha subrayado que pretende que las eléctricas "vuelvan a gestionar el bono social" y "endurecer los requisitos" para que las familias disfruten de una medida con un impacto, ha concretado, de 200 millones de euros al año para las arcas del Estado.