La coordinadora nacional de Esquerda Unida (EU), Yolanda Díaz, ha denunciado este sábado la existencia de "cajas B" del PP en todas las autonomías de España y ha vuelto a pedir la "dimisión de Feijóo" y la convocatoria de elecciones autonómicas. "Estamos delante de una gran estafa electoral, de una gran red de financiación irregular", ha subrayado Díaz.

La también viceportavoz de Alternativa Galega de Esquerda (AGE) sostiene —como ya expresó este viernes junto al portavoz de esta formación, Xosé Manuel Beiras— que "la parte más importante de los recursos que llegaban a Madrid venían de Galicia" y que "el modelo que había en Génova se reproducía en todas las autonomías", de acuerdo con la información aportada por los letrados de Izquierda Unida sobre la financiación irregular del Partido Popular.

Asimismo, ha recalcado que si "Galicia aporta más que el resto de las autonomías" es por "la mafia". De hecho, ha descrito a Feijóo como un "adlátere de la mafia" que "lidera este proceso" tras Manuel Fraga. Todo esto "con carácter presunto", ha aclarado Díaz.

Por otro lado, la coordinadora nacional de EU ha apostado por una "banca pública" que permita "decidir políticamente" qué "sectores estratégicos" hay que defender y que acerque el crédito a las familias, autónomos y pequeños empresarios. De igual forma, ha calificado de "estafa" el caso de Novagalicia Banco y ha criticado la "socialización de las pérdidas" y la "puesta a disposición de un negocio para la banca privada".

Con respecto al 25 de julio, Díaz ha informado sobre la decisión de EU de celebrarlo en la antigua cárcel de A Coruña a las 12.00 horas, ya que es un "lugar simbólico" para la formación. Asimismo, ha recordado que fue el Partido Comunista de Galicia el que reclamó en 1979 que el día nacional de Galicia fuese el 25 de julio. "Ya va siendo hora de que lo pongamos en valor", ha apostillado.

"galicia es un sujeto activo"

La coordinadora nacional de EU ha defendido también que "Galicia es un sujeto activo" con "derecho a decidir" cuál es su relación con el resto del Estado. De igual forma, ha señalado que el título octavo de la Constitución, que afecta al desarrollo de las distintas comunidades de España, no existe "de facto" por las "normas que aprueba el Partido Popular".

Para concluir, ha manifestado que "más de 50.000 personas" se van a ver afectadas por el fin de la ultractividad de los convenios colectivos. "Si no hay convenio aplicable nos van a aplicar el salario mínimo interprofesional", ha expresado.