La Fiscalía Anticorrupción se ha opuesto al recurso de la Junta de Andalucía contra el auto en el que la jueza que investiga los expedientes de regulación de empleo (ERE) fraudulentos imputó a 20 cargos o ex altos cargos de la Administración autonómica, entre ellos la exconsejera de Economía y Hacienda, exministra de Fomento y actual vicepresidenta del Banco Europeo de Inversiones (BEI), Magdalena Alvarez.

En el escrito, el Ministerio Público dice que "llama la atención" que la Junta de Andalucía emplee seis páginas de su recurso para justificar el mismo, no obstante lo cual "nada tenemos que discutir sobre la legitimación" de la Administración autonómica "para recurrir el auto ni nada oponemos a la extensa justificación que hace la acusación particular".

Al hilo de ello, la Fiscalía revela que el pasado 27 de mayo recurrió el auto de 14 de mayo en el que la jueza Mercedes Alaya imputó en la causa a cinco personas que, al entender de la magistrada, con sus actuaciones podrían haber beneficiado al 'conseguidor' de los ERE y exsindicalista de UGT Juan Lanzas y al exdirector general de Trabajo y Seguridad Social de la Junta Francisco Javier Guerrero.

"Lo único que puede llamar la atención es que el único recurso interpuesto, hasta ahora, contra el auto, no provenga de uno de los imputados en el mismo", pone de manifiesto Anticorrupción, quien a continuación se refiere al hecho de que la Junta haya recurrido la decisión de la magistrada por entender que el auto carece de motivación.

Añade que el auto dictado por la jueza Alaya "sería lo que podríamos denominar un auto de imputación", y "he aquí el 'problema', pues tal figura no está contemplada en el iter procesal del procedimiento penal", señalando que "nada hubiera impedido su no existencia y la mera citación de las personas para declarar sobre hechos penalmente relevantes un día determinado a fin de determinar su participación".

"¿Es necesario que los imputados dispongan con anterioridad, mediante auto, de un pormenorizado relato de todos y cada uno de los hechos que se les atribuyen y que tienen relevancia penal, o basta instruirles del artículo 118 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal para facilitar su personación y señalar los puntos clave de su implicación?", se cuestiona la Fiscalía.

Al hilo, se cuestiona si "no es, en cambio, plenamente exigible para el respeto de su derecho de defensa que tal relato lo más pormenorizado posible le sea hecho en momento de prestar su declaración debidamente asistido de letrado y con todas las garantías legales y derechos, entre los que se encuentra el de no responder a todas o a alguna de las preguntas que a continuación se le formulen por las partes personadas". "¿Dónde es, pues, el momento para alegar indefensión por parte de un imputado?", pregunta.

La Fiscalía recuerda que la Junta también alegó infracción del principio de legalidad e hizo referencia al uso de las transferencias de financiación, a las modificaciones presupuestarias y a las leyes de presupuestos, "indicando en resumen que la magistrada está criminalizando tales figuras y su uso". "Sí y no", asevera Anticorrupción.

Así, explica que "la hipótesis delictiva manejada por la instructora parte de la utilización de tales figuras, sí, pero de su 'uso perverso', de un uso finalísticamente dirigido a burlar todos los controles de la Intervención de la Junta como medio para poder dilapidar los fondos públicos, favoreciendo y enriqueciendo a terceros, y esa finalidad sí es penalmente relevante e implica a todos aquellos que, conociendo tal uso perverso, lo hicieron posible o sencillamente no lo evitaron".

En esta línea, Anticorrupción indica que esta finalidad "se sedimenta en hechos objetivos que parten del uso indebido de la figura de las transferencias de financiación, engordadas mediante las oportunas modificaciones presupuestarias, unido a la no consideración como subvenciones de las ayudas sociolaborales, lo que facilitaba su no fiscalización".

Y todo ello, prosigue, "junto a la fórmula consagrada" en el convenio firmado entre la Consejería de Empleo y el IFA en julio de 2001, que "hábilmente, a los mismos efectos de evitar cualquier fiscalización que estorbara, separaba el expediente de la ayuda, que permanecía en la Consejería, del pago que se efectuaba en el IFA/IDEA, cuyo interventor por tanto al fiscalizar el pago no contaba ni podía contar con el expediente previo de la ayuda".

Asimismo, y en un segundo escrito, el Ministerio Público se opone igualmente a la petición de la Junta de Andalucía para que se suspenda la declaración del ex interventor general Manuel Gómez Martínez, prevista para el próximo día 25 de julio, hasta que la Audiencia Provincial resuelva su recurso contra la imputación de los referidos 20 cargos o ex altos cargos.

Al hilo, explica que su oposición va "en lógica consonancia" con el escrito, de 8 de julio, en el que pidió a la jueza Alaya que fije un "calendario razonable" para las declaraciones de estos imputados. En este segundo escrito, el Ministerio Público se opone igualmente "a que se deje de fijar calendario para la toma de declaraciones de las restantes personas también imputadas" en el referido auto.