El Gobierno ha aplazado la aprobación del proyecto de Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, en el que el Ejecutivo de Mariano Rajoy lleva trabajando más de un año y que ha suscitado el rechazo del PSOE y del resto de la oposición al considerar que supone un ataque al municipalismo y la privatización de los servicios públicos.

En el caso de Galicia, la Federación Galega de Municipios e Provincias (Fegamp) manifestó su oposición al proyecto planteado inicialmente por el Gobierno central, aunque ha instado esta semana a esperar a ver el texto que se aprueba en el Consejo de Ministros, puesto que interpreta que "parece que el dictamen" del Consejo de Estado "se está teniendo en cuenta" y el Ejecutivo "va a cambiar varios aspectos del anteproyecto". El principal punto de desacuerdo para el municipalismo gallego, que pedía una modificación profunda de la propuesta, es el concepto del coste estándar.

La conocida como reforma local, que persigue reordenar competencias para evitar duplicidades entre las administraciones autonómicas y locales y mejorar la eficiencia en la prestación de los servicios mediante la introducción del denominado coste estándar, al que deberán ajustarse los municipios, podría suponer un ahorro de más de 7.000 millones de euros, según los cálculos del Gobierno.

La aprobación del proyecto de ley por parte del Gobierno llegará después de que el Consejo de Estado emitiera un informe que incluía advertencias sobre una posible inconstitucionalidad por el recorte de la autonomía local y criticaba la regulación del coste estándar, el coste al que deberán ajustarse los municipios para prestar servicios.

Según explicó el secretario de Estado de Administraciones Públicas, Antonio Beteta, dicho informe no es contrario a la reforma sino que reconoce la capacidad del Gobierno para regular la materia. No obstante, sí reconoció que incorporaba diversas recomendaciones que el Gobierno tenía intención de estudiar de cara a incluirlas en el texto definitivo.

También esta semana, el ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, trasladó al presidente de Castilla y León en una reunión su intención de "relativizar" y "suavizar" el papel de las diputaciones provinciales, así como de sustituir el concepto de coste estándar por el de coste efectivo de prestaciones, de modo que los municipios "no perderán sus competencias", según dijo después el Gobierno autonómico.