Miguel Ángel Ramírez
Miguel Ángel Ramírez (derecha), presidente del Grupo Ralons y de la Unión Deportiva Las Palmas. EFE

En una empresa privada, tener como socio a un señalado por la Justicia puede perjudicar gravemente la imagen corporativa. Si la empresa no es privada sino pública y se administra con el dinero de los contribuyentes, el daño puede ser aún mayor, aunque todo el proceso de contratación sea perfectamente legal.

Esto es lo que denuncia la sección de CC OO en el Metro de Madrid después de que la compañía haya dejado en manos de Seguridad Integral Canaria la vigilancia de las zonas norte, noroeste y centro de la red del subterráneo. Ombuds, Segurisa y Segur Ibérica son las adjudicatarias del resto de las zonas.

Seguridad Integral Canaria es propiedad de Miguel Ángel Ramírez, un conocido empresario de las islas que fue condenado en 2011 a tres años de cárcel por construirse ilegalmente un chalé en una zona protegida de la isla de Gran Canaria.

Ramírez también es el presidente de la UD Las PalmasRamírez cumple todos los clichés de empresario hecho a sí mismo. De repartir fruta en los barrios de Las Palmas pasó a dirigir un conglomerado de empresas de servicios —el Grupo Ralons— con 4.000 trabajadores y que factura 120 millones de euros al año. También preside la Unión Deportiva Las Palmas, que milita en la Segunda División del fútbol español y en cuyo palco se dejan ver de forma habitual autoridades de todos los niveles.

Más del 70% de los beneficios de Ralons proceden de las administraciones públicas, para quien gestiona guarderías, comedores escolares, lavanderías hospitalarias, limpieza de edificios, residencias de mayores, zonas verdes y un largo etcétera. Ello incluye ministerios, servicios del Banco de España e incluso el Ejército. En 2010, sin ir más lejos, Martínez fue reconocido con la Cruz del Mérito Militar con distintivo blanco por la prestación de servicios meritorios a la Defensa Nacional. En la ceremonia estuvo presente el líder del PP canario y hoy ministro de Industria José Manuel Soria.

Conflictividad laboral

A pesar de su condena, Ramírez nunca ha entrado en prisión ni ha demolido su chalé. Aprovechando la ley, solicitó un indulto al Gobierno, lo que conllevó la suspensión de la ejecución de la pena mientras el Consejo de Ministros estudia la petición. Esta situación no le impide seguir contratando con la Administración Pública. "La ley no contempla excluir a empresas de las licitaciones públicas por ese motivo", subraya un portavoz de Metro. Tampoco tiene deudas con la Seguridad Social, lo que habría supuesto su expulsión automática del procedimiento público.

Seguridad Integral, sin embargo, cosecha críticas entre sindicatos, trabajadores y competidores. "Llegaron a la Península compitiendo a la baja y tirando los precios", asegura a 20minutos el responsable de una empresa del sector. "Tenemos problemas para cobrar las horas extras y, cuando las pagan, lo hacen como dietas o kilometraje, por lo que no cotizan a la Seguridad Social", añade un empleado.

Metro debería cuidar a quién adjudica la seguridadAdemás, están los pleitos laborales. Las autoridades han impedido a Seguridad Integral descolgarse del convenio colectivo de la Seguridad Privada, como intentó en dos ocasiones en 2012. Durante esos procesos despidió a seis miembros del comité de empresa.

El sindicato USO tiene planteados varios contenciosos contra la Dirección que aún están pendientes de resolución por el cobro de pluses y problemas con la formación de los empleados. En una ocasión, Seguridad Integral llegó a impedir la entrada de los miembros del Comité de Seguridad y Salud y de la Inspección de Trabajo a sus instalaciones, por lo que fue sancionada.

"Metro debería cuidar a quién adjudica la seguridad y más si hablamos de una empresa de conocida conflictividad y cuyo presidente se jacta de aplicar la reforma laboral", alerta Óscar Verduras (CC OO). Verduras recuerda que, si bien el nuevo contrato de seguridad para toda la red obliga a subrogar a toda la plantilla, también reduce en 929.500 las horas de vigilancia (equivalentes a 700 trabajadores) y elimina los vigilantes de seguridad fijos en 130 de las 300 estaciones de la red, lo cual no da garantías de permanencia a los trabajadores.

20minutos se ha puesto en contacto con Ralons para intentar obtener la versión de su presidente o de otro portavoz autorizado, sin obtener respuesta.

Consulta aquí más noticias de Madrid.