El responsable de Industria de CC.OO., Ramón Sarmiento, ha considerado "precipitado" presentar un recurso ante los tribunales contra la resolución europea que obliga a España a devolver las ayudas del 'tax lease' que aplicaba el sector naval y, en ese sentido, ha considerado que, en este momento, no le parece "lo más oportuno".

En declaraciones a los medios tras una reunión de representantes de CC.OO., UGT y CIG con el alcalde vigués, Abel Caballero, a fin de abordar la situación del 'tax lease' tras el dictamen de la Comisión Europea; Sarmiento ha considerado que ahora es necesario un "escenario de seguridad" con carácter inmediato, mientras que tener pendiente una demanda en Estrasburgo podría no contribuir a mantener esa estabilidad.

Así, ha considerado que la "prioridad" está en que el Gobierno español haga la estimación económica de cuánto dinero será necesario devolver y que realice este trabajo este mismo mes. Asimismo, ha incidido en que "todas las decisiones que se tomen provengan del consenso de todos los actores" puesto que, según destacó, "es el formato más eficaz".

Por su parte, el responsable de naval de UGT en Vigo, Diego Atanes, también pidió a la Administración central que trabaje en julio y se quede incluso sin vacaciones para poder garantizar a los astilleros que tendrán financiación para poder cerrar contratos de buques. También pidió al Ejecutivo que convoque a una reunión "a todos los agentes" para valorar el contenido de la resolución europea y para que, entre todos, "participen en la decisión de recurrir o no" a los tribunales.

Sobre un posible recurso, explicó que "lo primero que hay que conocer es el contenido de la resolución" e incidió en que, si bien el dictamen "es recurrible en el sentido de que no se comparte" la decisión de devolución de ayudas, subrayó que ahora "el camino es trabajar para que el sector naval tenga las herramientas que necesite para contratar lo antes posible y devolver los puestos de trabajo".

Que "no valga de pretexto"

Por su parte, el responsable nacional del naval de la CIG, César Rodríguez, pidió al Gobierno central y la Xunta que la posibilidad de recurrir "no les valga de pretexto para no estar haciendo nada" o para "perder más tiempo". Así, insistió en que, es necesario que el Gobierno de garantías de que se puede volver a contratar, asegurando financiación y seguridad jurídica.

Por su parte, el alcalde olívico, Abel Caballero, se mostró confiado en que si se presenta un recurso "los tribunales darán la razón", si bien destacó que ahora el Gobierno "tiene que estar en condiciones de garantizar el futuro del naval" a través de la financiación y garantizando "que el sector es viable".

En ese sentido, demandó líneas de crédito y avales del ICO y que "nadie se vaya de vacaciones hasta que esté garantizado el futuro del sector naval". También pidió que se conozca la cifra la cantidad que hay que devolver.

Sobre las declaraciones de Almunia en las que considera que se jugó con el miedo de los trabajadores del naval, Caballero replicó que en este momento "si viniera a Vigo vería que los astilleros no tienen actividad". Así, consideró que el comisario debe "apearse" de Bruselas y conocer la "economía real" y recordó que propondrá al pleno municipal que sea nombrado como persona 'non grata'.

PUENTE

Por su parte, el portavoz del grupo municipal del PP vigués, José Manuel Figueroa, anunció este jueves que ya ha mantenido conversaciones con representantes de astilleros de la ciudad, a quienes se ha ofrecido como "puente con las administraciones autonómica y central".

Así, explicó estos le han trasladado al necesidad de trabajar en un posible recurso ante el tribunal europeo, que podría suponer la paralización cautelar de las devoluciones del 'tax lease', y la exploración de "todas las posibilidades para minorar el impacto de la medida desde la competencia que tiene el Gobierno central para aplicar esta errónea decisión del comisario socialista Joaquín Almunia".

Finalmente, indicó que los astilleros esperan ahora una cuantificación de las devoluciones, "que podrían estar sensiblemente por debajo de los 2.800 millones de los que se viene hablando", según estimó. Además, el sector también aguarda por la determinación de quién y por un blindaje de seguridad, tanto económico como jurídico.