PSRM asegura que, tras el cierre del C.O. de Espinardo, se esconde el inicio de la privatización de servicios sociales

Pide a Palacios que comparezca en la Asamblea para explicar causas por las que deja sin servicio a 104 usuarios y sin trabajo a 50 personas
Rosique y Tovar en rueda de prensa
Rosique y Tovar en rueda de prensa
EUROPA PRESS
Rosique y Tovar en rueda de prensa

El secretario general del PSRM-PSOE, Rafael González Tovar, y la diputada regional, Teresa Rosique, han manifestado esta mañana el apoyo absoluto del PSRM a los familiares y afectados por el cierre del Centro Ocupacional de Espinardo y a la manifestación convocada esta tarde, con inicio en el Palacio Almudí a las 19,30 horas, en protesta. Al tiempo que han asegurado que, tras su cierre, se esconde "el inicio de la privatización de servicios sociales" en la Región.

Por lo que han lamentado que el Gobierno regional deje desatendidos a 104 usuarios y, lo más grave, que "no haya justificación alguna para ello". En rueda de prensa han asegurado que se trata "de una decisión política que ocasionará, no sólo el perjuicio a los usuarios, sino también el despido de 50 trabajadores interinos".

El secretario general de los socialistas murcianos ha lamentado, en este sentido, que la consejera de Sanidad, Mª Ángeles Palacios, "se base en la mentira para cerrar el centro ocupacional". Y es que, ha detallado, por su parte, Rosique, "comenzó diciendo a los padres y a los representantes de los grupos parlamentarios que existía un informe que decía que el centro no reunía las condiciones para prestar servicio, incluso que había riesgo de legionela".

Pero la realidad, ha subrayado, "es que ese informe no existía cuando se tomó la decisión". De hecho, ha añadido, "el gerente del IMAS se comprometió a enviar a los grupos parlamentarios de la Asamblea dicho informe" pero "a día de hoy no lo hemos recibido". Tras lo que ha criticado que la Consejería volviera a mentir ayer "diciendo que había llegado a un acuerdo con los familiares y trabajadores para el cierre, lo que ha sido desmentido por todos ellos".

A juicio de la diputada, "el cierre del centro ocupacional es una decisión política que pretende ahorrar dinero al Gobierno regional a costa del despido de 50 trabajadores", el objetivo último, ha manifestado Rosique, "es el de comenzar a desmantelar los servicios sociales de carácter público para dar paso a la privatización".

Pleno extraordinario

Teresa Rosique ha anunciado que, ante la falta de informes que justifiquen el cierre del centro, el Grupo Parlamentario Socialista pedirá que se reúna la diputación permanente y se fije fecha para un pleno extraordinario en la Asamblea Regional en el que la consejera Palacios "explique los verdaderos motivos del cierre".

Finalmente, el secretario general de los socialistas murcianos ha asegurado que el presidente de la Comunidad, Ramón Luis Valcárcel, "será el único responsable" del cierre de este centro "y del daño que se le hará a sus 104 usuarios" y "tiene que evitarlo".

Por lo que, ha anunciado, aparte de la vía política "no descartamos la vía judicial "porque esta decisión no tiene sentido". Rosique se ha mostrado convencida, al respecto, en que el procedimiento "no se está siguiendo como establece la legalidad vigente".

Pues, ha enfatizado, "no hay una resolución oficial y motivada sobre el cierre de este centro, ni autorizando la ampliación de plazas concertadas en los centros donde se piensa derivar a los usuarios", tampoco "comunicación oficial a los familiares diciendo que van a ser trasladados ni a dónde, ni un periodo de alegaciones como está obligada la Administración".

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